Sector del juego

Patronales del sector y UGT piden paralizar la ley valenciana del juego

Estas organizaciones han mostrado su preocupación ante su posible aprobación en Les Corts Valencianes el próximo 25 de mayo

Las Asociaciones del sector del juego Andemar, Anesar, Apromar, Asvomar; las patronales Cejuego y Anesar, ambas pertenecientes a CEOE, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana (Conhostur), así como el sindicato UGT han pedido de forma conjunta la paralización de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana ante la actual crisis.

En un comunicado conjunto, estas organizaciones han mostrado su preocupación ante la posible aprobación en Les Corts Valencianes de la nueva Ley del Juego, “que se redactó en un escenario pre COVID-19, lo cual la deslegitima completamente, al haber cambiado drásticamente nuestro mundo y sociedad”.

“Nadie podía pensar hace tan solo tres meses que íbamos a estar más de dos meses confinados en nuestras casas, que iban a morir cerca de 30.000 españoles, que tendríamos que vivir con mascarillas o que el PIB iba a caer más de un 10% al final del año. La aprobación de esta ley, recordamos enormemente restrictiva con el sector del juego, y que supondría el cierre de más del 95% de los salones de juego en los próximos años, hará grandes estragos en el empleo y las arcas de públicas de la Comunitat”, ha señalado Miriam Mayordomo, presidenta de Anesar CV.

El sector del juego en la Comunitat Valenciana supone el 2,3% del PIB de la región y genera 140 millones de euros en impuestos directos para la Hacienda valenciana, por lo que la aprobación en estos momentos de la Ley del Juego “supondría un grave impacto económico tanto en el PIB de la Comunitat Valenciana como en el propio sector del juego, llevando al cierre de más de 400 salones de juego y a la pérdida de empleo de casi 3.000 empleos directos del sector y cerca de 8.000 indirectos”.

“Hay que recordar que la Ley, que se pretende aprobar en el pleno del día 25, se redactó inicialmente en el año 2018, antes de las pasadas elecciones autonómicas, está basada en unas hipótesis de partida y escenarios totalmente caducos a día de hoy, y consta de mediadas ya de por sí tremendamente restrictivas con el sector del juego, que verán sus efectos potenciados por la pandemia, por lo que sus consecuencias en el dinamismo del sector turístico y hostelero en la región, uno de los sectores que más se ven perjudicados por la crisis serán muy negativos y de gran cuantía”.

Según Manuel Espinar, presidente de Conhostur, “el sector turístico sufrirá los daños más persistentes y estará abocado a un ajuste estructural por lo que crecerá más lento en España y en la Comunitat Valenciana. No podemos permitirnos el lujo de nuevas normativas que empeoren la actual situación, teniendo en cuenta que muchos empleos de ocio y hostelería dependen del sector del juego”.

Desde el sindicato UGT-PV, se recuerda que el sector del juego privado en la Comunitat Valenciana aporta a las arcas de la región 140 millones en impuestos y 39,2 millones en cotizaciones a la Seguridad social, además de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectamente en el sector de hostelería.

“Las medidas de distanciamiento planteadas generan inseguridad jurídica para los salones de juego que están actualmente desarrollando su actividad y protegiendo el juego legal. De otra manera podemos dar pie a una actividad de juego no legal.  Por tal motivo, solicitamos un nuevo proceso normativo que dé más garantías a los trabajadores del sector”, ha comentado Gonzalo Aranda, secretario sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación Estatal de Movilidad y Consumo de la UGT-PV.

“Tenemos que pensar en salvar vidas y reconstruir un país, no en temas ideológicos. No podemos poner en peligro puestos de trabajo por malas decisiones. Para garantizar la sostenibilidad de la actividad hace falta mejorar el marco regulatorio estableciendo las medidas necesarias dirigidas a acabar con la alarma social existente en la actualidad, pero sin que estas impliquen el fin de una actividad, generadora de riqueza, empleo de calidad, tributos y, sobre todo, entretenimiento para la Comunitat”, apunta Alejandro Landaluce, director general de Cejuego.

Además, Encarna Gaspar, presidenta de Andemar CV recuerda que “el juego problemático en la Comunidad Valenciana se sitúa en un 0,3 %, el mismo nivel que en el resto de España, siendo nuestro país uno de los cinco países del mundo con menor tasa de juego problemático”.

La CEV se suma a la petición para paralizar de la Ley del Juego

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) pide que se tenga en cuenta la crisis económica provocada por el Covid-19 y que no se pongan en peligro más puestos de trabajo con la aprobación de la Ley del Juego de la Comunidad.

En opinión del presidente de la CEV, Salvador Navarro, “no tiene sentido legislar tomando como base un escenario completamente distinto al que había cuando se tramitó la ley”. Ya en el momento de la tramitación, la CEV se opuso al cambio normativo al considerar que no estaba justificada una legislación tan restrictiva, que puede dañar gravemente la industria del juego.

Por ello, la CEV pide que se paralice la aprobación de la Ley del Juego y que se ayude al sector con medidas fiscales para superar la crisis actual. Al respecto, la Confederación incluye en su informe “Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación, a partir del COVID-19”, una serie de propuestas dirigidas a conseguir este objetivo.

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