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Ximo Puig: “Lealtad no es sumisión. Queremos seguridad en los parámetros”

El President exige la revisión del plan valenciano. La polémica por los PCR en pacientes 'sospechosos', el detonante

Herme Vanaclocha, Subdirectora General de Epidemiología de la Generalitat y el president Ximo Puig. | E3

“Lealtad no es sumisión“, ha asegurado el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig en su comparecencia tras la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. El jefe del Consell ha exigido la revisión del plan valenciano y ha anunciado su publicación en la web de la Generalitat.

“El informe técnico (de la Generalitat) es de 232 páginas sustentado y trabajado ha estado, en parte, desestimado sin ningún papel. Solo tenemos 9 palabras: El factores asociados a la transmisión de la pandemia son los que justifican que la Comunitat Valenciana no pase a la Fase 1 en su conjunto”, ha subrayado Puig.

Detrás de la negativa del Ministerio de Sanidad está el hecho de que la Generalitat no está haciendo test PCR a los “sospechosos” o con sintomatología leve. La subdirectora general de Epidemiología de la Generalitat y miembro del consejo de asesores del Gobierno para la pandemia de COVID-19, Herme Vanaclocha, ha explicado que el protocolo actual no exigía que se hiciera esta prueba.

Hasta la fecha, Sanitat hacía las pruebas PCR a las personas que iban a ingresar en los hospitales y personal de servicios esenciales como sanitarios, policías, entre otros. “Hemos seguido el protocolo a rajatabla“, ha repetido en varias ocasiones Vanaclocha.

Tanto el President como la responsable de epidemiología de la Comunitat han incidido en que este indicador se introdujo de manera unilateral por parte del Ministerio de Sanidad y que, de acuerdo, con el protocolo estaba previsto que se empezara a hacer a partir de este 11 de mayo.


El titular del Palau ha insistido en que el Fondo para las autonomías debe atender a criterios poblaciones y ha aceptado que una parte responda a criterios de gasto sanitario en la pandemia; pero se ha negado a que se sigan los mismos parámetros que para la financiación.

En este sentido, Puig ha exigido al Gobierno que exista “una seguridad en los parámetros e indicadores“. Recordemos que este fallo ha supuesto una grave decepción y, sobre todo, un profundo quebranto económico para los negocios que se disponían a abrir ante las expectativas generadas por el propio Consell.

“Pido disculpas porque se han visto frustradas muchas expectativas”, ha continuado diciendo el President.

De la indignación a la incertidumbre

Puig ha empezado la comparecencia con un tono firme que transmitía la indignación de las últimas 36 horas vividas por los valencianos. El jefe del Consell ha apelado a la cogobernanza, de la que ha llegado a decir que “está funcionando”; pero al mismo tiempo, se ha mostrado contrariado por las formas con las que el gobierno de Pedro Sánchez nos está tratando. “Desde la lealtad, discrepamos”

Hemos hecho los deberes. La sociedad valenciana no ha suspendido ningún examen”, ha explicado un presidente que, una y otra vez, ha evitado polemizar.

Sin embargo, ha exigido también transparencia. “Hoy he recordado cogobernanza exige transparencia, reciprocidad”, ha añadido. “La confrontación sería sumamente irresponsable”

En respuesta a las manifestaciones del director del CAES Fernando Simón sobre ese caso, Puig ha enfatizado que espera un “informe que diga por qué y en que podemos mejorar” para acabar diciendo que la información por píldoras no es de recibo.

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Puig siguiendo la conferencia de presidentes. | Foto: Gva

Lo cierto es que en lo único que ha avanzado la autonomía valenciana es el modelo de desescalada: por departamentos de Salud. “Hasta ahora la Generalitat ha estado propositiva, respetuosa y leal y así seguirá siendo. Ha sido comprensiva con las decisiones del gobierno de España con el estado de alarma y el mando único”.

No obstante a preguntas de los medios, Puig ha desestimado dar una nueva fecha y ha reconocido la incertidumbre que genera que “se cambien las reglas a mitad de partido”. La Generalitat remitió el informe el pasado miércoles y el viernes conoció la decisión del Ministerio de Sanidad.

Con esta comparecencia, quedan atrás las dudas que había generado que la negativa fuera por criterios de densidad de población, pues gran parte de las áreas que se han quedado fuera responden a las grandes urbes metropolitanas de las tres provincias.

La subdirectora ha avanzado que la Conselleria de Sanitat ya empezó a preparar a los centros de atención primaria para que este lunes 11 de mayo comiencen a hacer las pruebas y el seguimiento de los pacientes que presenten cualquier sintomatología y, así como la prueba.

De acuerdo con los datos ofrecidos, en la actualidad, los servicios públicos hacen 3.000 test diarios. Esta capacidad se puede duplicar en dicho ámbito y alcanzar los 9.600 sumando a los laboratorios y centros autorizados, según Vanaclocha. 

Fondos para las comunidades

Otro de los temas centrales de la conferencia de presidentes ha girado alrededor del Fondo de 16.000 millones para las comunidades autónomas. El titular del Palau ha insistido en que esta partida debe atender a criterios poblaciones y ha aceptado que una parte responda a criterios de gasto sanitario en la pandemia; pero se ha negado a que se sigan los mismos parámetros que para la financiación.

Además, ha introducido que se tenga en cuenta el esfuerzo fiscal que hacen algunas autonomías en referencia al denominado ‘dumping’ fiscal que practica Madrid. El jefe del Consell ha recordado que de los 2.200 millones demandados ya se han recibido más de la mitad

Respecto a otros temas introducidos, ha comentado su apoyo a los acuerdos sobre la flexibilización de los ERTE a través del diálogo social; así como al respaldo al Gobierno de la ayuda europea para dar respuesta a la pandemia.

Por último y de acuerdo con otras comunidades, ha trasladado al Gobierno la necesidad de unidad en las ayudas a empresas y pymes. “Debemos desburocratizar” para ser efectivos y evitar tanto las duplicidades en esta materia como largos procesos que dificultan el acceso a las ayudas al tejido empresarial.

 

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