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El Consell aprueba una moratoria en pago de alquileres en parques empresariales

Redacción E3
Publicado a 08/05/2020 18:00

El Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Economía, ha aprobado una moratoria para pymes, empresas y personas trabajadoras autónomas en el pago de las rentas del alquiler de las naves industriales del parque empresarial Nuevo Tollo de Utiel y en el pago del canon de los derechos de superficie vigentes en los parques empresariales que comercializa.

Este aplazamiento se aplica en el periodo correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo y a las mensualidades de abril, mayo y junio de 2020, de modo que estas rentas y cánones serán satisfechos de manera prorrateada en los seis meses siguientes, desde julio a diciembre de 2020, ha informado la Generalitat.

El Consell aprueba una moratoria en pago de alquileres en parques empresariales

Asimismo, con carácter excepcional y en relación a los mismos periodos contemplados para la moratoria en el pago, podrá solicitarse la exención de la renta del alquiler y los cánones del derecho de superficie de alguna o de todas estas mensualidades, siempre que esta situación extraordinaria haya supuesto un cese total de la actividad para la que el local fue arrendado o demuestren caídas en su facturación, computada mensualmente o de forma global, de un 50 % respecto a la media mensual del semestre anterior.

Con la moratoria se pretende minimizar la vulnerabilidad económica en la que puedan encontrarse las pymes, personas trabajadoras autónomas y personas arrendatarias de las naves industriales de Utiel, así como de las parcelas de suelo industrial de los parques empresariales que comercializa el Ivace y se rigen por la modalidad de derecho de superficie, para facilitar que en el nuevo escenario económico puedan seguir desarrollando su actividad económica.

El valor nominal de esta ayuda no superará el límite máximo global de 800.000 euros por empresa, o de 120.000 euros por empresa o persona trabajadora autónoma activa en el sector de la pesca y la acuicultura, o 100.000 euros por empresa o persona autónoma activa en la producción primaria de productos agrícolas.

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