Crisis coronavirus

Solo al 19% del Sector Público se le podrá aplicar el permiso retribuido recuperable

No será aplicable a los trabajadores de servicios esenciales, teletrabajen o estén en incapacidad temporal. Por tanto, se aplicará a quienes no puedan teletrabajar, no tengan carga de trabajo o su actividad sea incompatible con el teletrabajo

Hacienda establece instrucciones acerca de la aplicación del permiso retribuido recuperable en el Sector Público Instrumental de la Generalitat, excluidos los organismos autónomos y los consorcios sanitarios.

Este permiso no será aplicable a los trabajadores que realicen un servicio esencial, teletrabajen o estén en situación de incapacidad temporal.

El 65% del personal del SPI trabaja en servicios esenciales, cifra que alcanza el 81% si se tiene en cuenta el personal de Vaersa.

Por tanto, se aplicará en el caso de quienes no puedan teletrabajar, no tengan carga de trabajo o su actividad sea incompatible con el teletrabajo, es decir al 19% del personal como máximo.

Así lo establece la instrucción que ha publicado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, acerca de la aplicación del permiso retribuido recuperable regulado por el Real Decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, en el ámbito de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat.

La instrucción determina que el permiso retribuido recuperable resultará de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena que no puedan teletrabajar; que tengan los medios para teletrabajar, pero que no tengan carga de trabajo; y para aquellos cuya actividad sea incompatible con el teletrabajo.

Asimismo establece que no será aplicable dicho permiso a aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena cuya actividad no fue paralizada por tratarse de actividades esenciales.

Tampoco será aplicable este permiso retribuido recuperable a las personas trabajadoras por cuenta ajena que estén realizando teletrabajo o modalidades no presenciales de trabajo; ni a las personas trabajadoras por cuenta ajena que se encuentren en situación de incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

Trabajadores del SPI

Cabe destacar que el personal en el Sector Público Instrumental (excluidos Consorcios Sanitarios y Organismos Autónomos) es de 8813 trabajadores. De estos, el personal implicado en Servicios Esenciales y Operadores Críticos asciende a 5770 trabajadores, es decir el 65%.

Se trata de trabajadores del Institut Valencià d’Atenció Social Sanitària (IVASS), l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la CV, La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico (INCLIVA), la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV (FISABIO), la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias (SGISE)y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV (EPSAR).

Si añadimos VAERSA (residuos y vigilancia) el porcentaje de personal dedicados a servicios esenciales asciende a 7198 (81%).

Asimismo los Servicios de Prevención deberán determinar qué trabajadores pertenecen a un grupo vulnerable para la COVID-19 en el desarrollo de su actividad laboral, y aplicar, de acuerdo con los protocolos o directrices formuladas por las autoridades sanitarias, las medidas adecuadas, sin que les sea de aplicación la recuperación horaria.

Por último, las instrucciones hacen referencia a las entidades cuya actividad no constituya servicio esencial y que tampoco puedan adoptar las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, quienes deberán, previa negociación colectiva, implementar las medidas que permitan cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la entidad o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas adoptadas en el período de duración de la COVID-19, y particularmente, la necesaria adaptación de los recursos de la entidad a la futura vuelta a la normalidad conforme a los protocolos de posemergencia que puedan adoptarse.

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