Después de cuatro semanas de movilizaciones

El Gobierno reforzará control de costes y promociones contra la crisis del campo

Este martes se aprobará el real decreto-ley que busca aliviar la crisis del campo. Entre las medidas, obligará a pagar un precio igual o superior al coste de producción del anterior eslabón

El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo.

Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, al que ha tenido acceso Efe, y cuya aprobación está prevista para mañana, después de pasar por el Consejo de Ministros.

Una de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.

Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.

No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto “repercutir a ninguno de los operadores anteriores” costes derivados de su política comercial en materia de precios.

Para calcular ese coste de producción -que a partir de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos- se tendrá en cuenta una serie de “factores objetivos” que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros.

El borrador igualmente restringe las actividades promocionales -habituales entre las cadenas de supermercados-, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error “sobre el precio e imagen de los productos” para no perjudicarlos.

“Los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña” y evitar, así, “que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad”, reza el documento.

El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la “reforma en profundidad” que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.

El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo.

Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.

El Gobierno, asimismo, cambiará la Ley de Pesca Marítima del Estado para que la sanción a quienes vendan moluscos de talla o peso inferior a la reglamentaria -cuando la cantidad sea menor al 10% del volumen total comercializado de dicha especie- sea calificada de “leve” y no “grave” como ahora, ya que la infracción implicaba la pérdida de todas las ayudas del Fondo Marítimo y Pesquero.

Este mismo decreto-ley consigna también medidas ya anunciadas, como reducir de 35 a 20 las peonadas exigidas en Andalucía y Extremadura, para tener acceso al subsidio agrario o la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar “los alojamientos y locales de descanso” de los temporeros.

El documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, que protestan por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la caída de los precios en origen, las dificultades para exportar como consecuencia de los nuevos aranceles en Estados Unidos y el aumento de sus costes de producción, entre otros.

La Unió denuncia que las interceptaciones de cítricos con plagas y enfermedades crecen un 64%

La Unió de Llauradors denuncia que los puertos de la Unión Europea interceptaron durante 2019 un total de 164 envíos -por 100 en 2018- procedentes de terceros países con cítricos infestados de plagas y enfermedades, lo que representa un 64% más que en todo el pasado año.

Sudáfrica y China son los países donde mayor número de interceptaciones se produjo en 2019, con 34 (+164%) y 25 (+108%), respectivamente. Seguidos muy de cerca por dos países de Mercosur como Uruguay y Argentina con 23 (+360%) y 21 (-5%). Sólo estos cuatro países alcanzaron casi el 63% de los envíos rechazados en la UE por presencia de plagas.

La mayor parte de las importaciones retenidas con plagas y enfermedades corresponden a la Phyllosticta citricarpa (45), el hongo que causa la temida Mancha Negra, y a la Thaumatotibia leucotreta (28), la falsa polilla que provoca graves daños comerciales a los cítricos. Ambas son plagas y enfermedades de cuarentena con un grave riesgo que siguen sin estar presentes en la citricultura europea y cuya amenaza es cada vez más grande.

La Unió considera que el balance de interceptaciones vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que las autoridades comunitarias se tomen muy en serio todo lo relacionado con la vigilancia fitosanitaria y se planteen de una vez por todas implantar el tratamiento en frío y el control en origen para las importaciones de cítricos porque el riesgo está cada vez más latente.

En unas recientes analíticas efectuadas por La Unió ya se descubrió que la mayor parte de las sustancias activas detectadas que emplean los citricultores de terceros países y cuyo uso está prohibido para los europeos corresponden a fungicidas para conservar la fruta y que en muchos casos son alternativas al tratamiento en frío que es más inocuo. “Creemos que es un claro fraude y engaño para el consumidor europeo y que se evitaría utilizando así el tratamiento en frío”, señala Carles Peris, secretario general de La Unió.

Peris indica que “a nuestros cítricos por ejemplo Estados Unidos, Japón o China les exigen unas condiciones para exportarlos allí; mientras que aquí cualquier país que desee exportar a la UE pretende imponer sus reglas y eso no se puede consentir”.

Suscríbete a nuestra newsletter