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Informe de Coyuntura Socioeconómica de Ineca

La economía de Alicante crece a ritmos bajos y necesita 3.000 trabajadores públicos

Según el análisis de recursos públicos, faltan 1.300 empleados en residencias y 1.100 educación, atendiendo el peso poblacional

Análisis de recursos públicos en materia social | Ineca

El Informe de Coyuntura Socioeconómica de la provincia de Alicante de Ineca correspondiente al tercer trimestre de 2019 refleja la desaceleración de la economía provincial. En este sentido, el sector turístico, el inmobiliario y la exportación son las principales áreas productivas más afectadas por esta ralentización.

Además, se aprecia un importante aumento de la importación de productos pertenecientes a las industrias tradicionales de la provincia como el calzado. “Si estas variables las unimos al estancamiento en la creación de nuevas empresas y aumento de la disolución de sociedades, el panorama nos permite hablar de estancamiento en este penúltimo trimestre del año”, apuntan desde el instituto.

Esta tendencia ya ha sido detectada en los últimos informes de coyuntura socioeconómica, por lo que abogan por reflexionar sobre qué tipo de economía desarrollar en la provincia. El presidente de Ineca, Rafael Ballester, ha subrayado que los sectores emergentes vinculados a la tecnología “parecen ser la clave para el resurgir de los sectores tradicionales”.

En la misma línea, cree necesario reforzar la vertebración de la economía y la sociedad provincial, comenzando a desarrollar acciones con carácter de urgencia tendentes a la creación de empleo constante y de calidad. Sumadas al principal problema que tiene la provincia, destacan también una red de infraestructuras que agilice la movilidad de ciudadanos y mercancías, una financiación presupuestaria suficiente; la modernización de las empresas ganando tamaño a través de las fusiones o cooperaciones.

Asimismo, el presidente de Ineca ha considerado el cambio climático como una de las oportunidades económicas que la provincia debe aprovechar. “La radiación solar es una fantástica herramienta competitiva que nos puede llevar a reducir costes y mejorar nuestros productos, dándole ese valor añadido indispensable para competir en el mundo global”, ha apuntado.

Necesitan 3.000 trabajadores públicos más

Por otra parte, respecto al análisis de recursos públicos en materia social, el director de Estudios, Francisco Llopis, ha indicado que la última década refleja que la dotación pública de recursos humanos en materia social en Alicante “siempre ha estado por debajo de su peso poblacional”. “Esta situación se presenta en una amplia variedad de situaciones como médicos de familia, pediatras, enfermeros, empleados de residencias de la tercera edad o personal de justicia”, ha detallado.

A este respecto, Llopis ha explicado que la peor asignación de estos recursos humanos en Alicante tuvo su máximo en 2012, donde la divergencia superaría las 4.400 personas. “Si bien esta cifra se ha ido ajustando, todavía representa un valor elevado, ya que atendiendo al peso poblacional serían necesarios actualmente 3.000 trabajadores públicos más de los ya existentes”, ha precisado.

Faltan 1.300 trabajadores en Residencias

Los desajustes más notables se encuentran vinculados con el personal de las residencias de la tercera edad, seguido de los de la enseñanza. Según el microinforme realizado por Ineca, en Sanidad faltarían 205 trabajadores públicos; en Residencias de la tercera edad, 1.300; en Educación, 1.100; en Justicia, 35; y en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad faltarían 400 empleados públicos, atendiendo al criterio poblacional.

Asimismo, Llopis ha sostenido que estas carencias tienen un efecto directo sobre el bienestar de los alicantinos en estas materias concretas. Además, ha añadido que se ve agravado por la pérdida de riqueza global generada por estos trabajadores, ya que en muchos casos se trata de personal cualificado, por lo que “además de no facilitar la empleabilidad de los propios residentes en la provincia, se dejan de ingresar unos salarios que representan una cantidad importante”.

“Estaríamos hablando actualmente de unos 72 millones de euros dejados de percibir en concepto de salarios, sin contar el efecto indirecto que éstos originan en el entorno en el que se establecen estos trabajadores”, ha estimado.

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