La reclamación de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, que asciende a más de 2.500 millones de euros para todas las comunidades, centrará la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que la ministra de Hacienda desvelará la nueva senda de estabilidad. El Gobierno presentará, según el documento presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al de la Generalitat, Quim Torra, una senda más transitable, que permita reducir el déficit y la deuda pero que no afecte a la creación de empleo ni al crecimiento económico.

María Jesús Montero, la titular de Hacienda, indicó el pasado martes que en ese encuentro les informará de los objetivos de déficit y deuda pública para 2020, así como para el período 2021-2023. Esos datos, junto con el techo de gasto, son básicos para elaborar los Presupuestos generales del Estado para este año, toda vez que España continúa con las cuentas prorrogadas de 2018, en los que se preveía un déficit para 2020 del 0,5 % del PIB y estabilidad presupuestaria para el año próximo.

Esos objetivos resultan ahora prácticamente inalcanzables, ya que el Gobierno intenta negociar con Bruselas una flexibilización de esa senda presupuestaria. Los últimos datos proporcionados por el Ministerio sobre el déficit de las autonomías son del pasado mes de noviembre y alcanzó los 3.125 millones de euros, un 0,25 % del PIB.

Cinco de ellas (Canarias, País Vasco, Navarra, La Rioja y Asturias) están en superávit, mientras que Madrid tiene equilibrio presupuestario. Los peores datos se registraron en Murcia, con un déficit del 1,32 %, seguida de la Comunitat Valenciana (1,29) y Castilla-La Mancha (1,17 %).

El orden del día de la reunión no prevé que se debata sobre los atrasos del IVA pero los responsables autonómicos han dejado claro en estos días que la cuestión se pondrá sobre la mesa. A las comunidades les quedó pendiente de cobro esos 2.500 millones de euros por un cambio en la normativa que introdujo en su momento el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que implicaba el pago inmediato del impuesto pero que hizo que las comunidades computaran once mensualidades en lugar de doce en 2017.

La ministra había previsto en los presupuestos de 2019 una serie de medidas para compensar esa pérdida de ingresos pero, al ser rechazadas las cuentas, la propuesta decayó y la ministra ha dicho desde entonces que no se compensarán esos ingresos. No obstante, Montero apuntó ayer que en la reunión de podrían estudiarse «medidas paliativas», lo que no ha gustado a Andalucía y Castilla y León, que estiman que no es el momento de ese tipo de medidas sino de «curativas».

Lo que sí está también en el orden del día de es informar de las conclusiones del comité técnico permanente de evaluación sobre el sistema de financiación autonómica y del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las comunidades en 2018. Aunque los asuntos son de calado, las autonomías ya han expresado que lo primero será buscar una solución a la liquidación del IVA de 2017 y varias de ellas, incluidas algunas socialistas, han anunciado que, de lo contrario, irán a los tribunales.

A pesar de la «revuelta» autonómica por el IVA, con toda probabilidad se aprobarán los objetivos de estabilidad fijados para el Gobierno para este año, ya que la Administración central tiene un 50 % de representación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que solo necesita el apoyo de una comunidad para contar con la mayoría absoluta. El último encuentro del Consejo fue telemático y se produjo el 22 de agosto de 2018 y el anterior, presencial, unos días antes, el 31 de julio.

Cuando anunció la reunión, Montero abogó por la «normalidad institucional» en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, ya que a las últimas citas no acudió ningún representante político, sino de perfil técnico. Incluso Sánchez, tras su encuentro con Torra de hoy, ha expresado el deseo del Ejecutivo de contar con los miembros de la Generalitat en foros como el Consejo y otros similares. Sin embargo, a la reunión no acudirá el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, quien delegará la representación catalana en la secretaria de Economía, Natàlia Mas.