La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha denunciado al Consell ante la Comisión Europea (CE) por limitar el modelo de negocio de las gasolineras automáticas, “al obligar de manera indirecta” a que estas tengan personal en las gasolineras. “Están actuando contra la libre competencia y contra el interés general de los consumidores”, denuncia Manuel Jiménez Perona, presidente de la asociación.

La Generalitat aprobó el pasado mes de diciembre un texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana. En las últimas páginas del decreto legislativo se incluye una disposición adicional que insta a todas las gasolineras a que sus instalaciones sean accesibles para personas con diversidad funcional.

Hasta ahí todo bien. El problema estriba en el segundo apartado de la disposición. “Cuando estas instalaciones de suministro al por menor de combustibles no reúnan las condiciones de accesibilidad universal, estas estaciones deben inexcusablemente disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio en horario diurno, al menos de una persona responsable de los servicios”, reza el texto.

Además se establece que una comisión mixta formada por técnicos de la Generalitat así como de “entidades del tercer sector implicadas” serán las encargadas de valorar si las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad.

Para Aesae esta norma supone un ataque a las estaciones desatendidas. “De forma indirecta y arbitraria, el Consell ha modificado el Estatuto del Consumidor para obligarnos a tener personal, a través de una ley que únicamente exige a las gasolineras automáticas a ser accesibles”, indica Jiménez y apunta que las instalaciones de suministro tradicionales, al tener personal contratado, no tendrán que adaptar sus estaciones. “El Consell no puede eximir a nadie de cumplir la norma de accesibilidad universal, que es de ámbito nacional a partir de una directiva europea”, recalca el presidente de la Asociación de Estaciones Automáticas.

Añaden desde que Aesae que mediante la nueva modificación aprobada del Estatuto del Consumidor, se pretende crear una comisión de accesibilidad para que decida, de manera “arbitraria y partidista”, qué estaciones automáticas son accesibles y cuáles no, sin controlar al resto de gasolineras. De esta manera, “con una especie de tribunal de la Inquisición, nos pondrán tantas trabas que será imposible continuar con nuestro modelo en la Comunidad Valenciana, que ha permitido alcanzar con su apertura a la libre competencia, tener los precios más baratos del mercado, amortiguando mejor que en otras Comunidades Autónomas el efecto de subida de los carburantes que se está produciendo en el mercado”, dicen desde la Asociación.

La normativa de la Generalitat queda abierta a interpretación. De hecho, desde la propia Conselleria de Economía Sostenible, fuentes consultadas por Economía 3, confiesan que la disposición resulta “contradictoria”, ya que en el primer apartado obliga a las estaciones a ser accesibles mientras en el segundo abre la posibilidad a mantener a personal en las instalaciones para compensar esas mancas de acceso a personas con diversidad funcional.

La CE ya dictaminó en contra de la Generalitat

El conflicto con las gasolineras automáticas viene de largo. A finales de 2015, en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del 2016 se incluía una cláusula con la que se obligaba a todas las instalaciones de suministro de carburantes a mantener, al menos, una persona en horario diurno para atender a las personas con diversidad funcional. “La Comunitat Valenciana estuvo a la vanguardia en las trabas a las estaciones automáticas”, señala Jiménez, quien explica que tras la Generalitat, otras comunidades lanzaron legislaciones similares.

En aquella ocasión Aesae también denunció ante la CE la situación lo que provocó que tanto la valenciana como el resto de CCAA derogaran sus normativas al respecto. Mientras funcionó dicha normativa, señalan fuentes de la Generalitat que tan solo se interpusieron 6 reclamaciones, las cuales fueron archivadas ya que fueron interpuestas por dueños de gasolineras contra estaciones automáticas y no por personas con diversidad funcional.

Ahora, denuncia la Asociación, que se trata de un nuevo intento por limitar la expansión de las gasolineras desatendidas y “favorecer al oligopolio” de las estaciones tradicionales, para las cuales, esta norma “es un traje a medida”. “Hay que preguntarse quién se beneficia de la norma. Preguntémonos por qué siempre la Generalitat busca modificaciones en el Estatuto del Consumidor que benefician al oligopolio”, asevera Jiménez y apunta que el modelo de negocio que defiende la Asociación “es el único que está estableciendo competencia en el sector”.

Advierten las mismas fuentes del Gobierno valenciano que la normativa aprobada «lo que puede traer es una sanción de la UE», aunque señalan que esperan recibir un aviso previo que permita modificarla antes de que se aplique la pena.

Cifras de las gasolineras automáticas en la CV  

Las gasolineras automáticas en la Comunitat Valenciana suponen el 15% del mercado de la venta al por menor de carburante, según un estudio realizado por Aesae. Según los datos que maneja la Asociación, Valencia es la segunda Comunidad Autónoma con más estaciones de servicio automáticas de España con un total de 173 puntos. Únicamente le supera Cataluña, con 255.

Valencia es la provincia que más gasolineras de este tipo tiene, con 101, seguida por Alicante (44). A la cola de la autonomía se encuentra Castellón, con 28 puntos de distribución. Además, las tres provincias valencianas superan el porcentaje de penetración nacional (7,6%) de este modelo. Así, Valencia tiene una penetración del 17%; Castellón, del 16%, y Alicante, del 11%.

En cuanto al precio, el estudio comprueba que las gasolineras independientes son entre 11 y 13 céntimos por litro más asequibles que las tradicionales. De media en gasolina, las tradicionales marcan un precio de 1,378 euros frente a 1,266 euros de las automáticas. Y en gasóleo 1,266 euros, frente a 1,172 euros. Así, una apertura real del mercado podría generar un ahorro a los valencianos de unos 770 millones de euros.

Según un estudio reciente de la OCU, poder elegir la gasolinera dónde repostar puede llegar a ahorrar al conductor entre los 260 y 320 euros anuales. Por esta razón, Jiménez sostiene que “el precio se puede bajar de repostar si fomentamos la competencia. Los socios de Aesae consiguen este precio gracias a una menor estructura de costes y la domotización de las instalaciones”, afirma.