El Consell aprueba un convenio de colaboración entre la Conselleria de Economía Sostenible y los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para impulsar proyectos empresariales declarados como prioritarios en el marco de Ley 19/2018, de 13 de julio de la Generalitat.

La Ley de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios crea el Punto de Aceleración a la Inversión, un instrumento encargado de impulsar y coordinar en los diferentes trámites, los procedimientos administrativos relacionados con los proyectos empresariales declarados como proyectos prioritarios de inversión.

El Punto de Aceleración a la Inversión hará el seguimiento del estado de tramitación del expediente ante todos aquellos órganos de la Generalitat con competencias y, si procede, de los ayuntamientos y de la administración del Estado, previa suscripción con estos de los oportunos instrumentos de colaboración.

Valor añadido en desarrollo tecnológico e innovación

Para que un proyecto empresarial sea calificado como prioritario de inversión tiene que aportar en la Comunitat Valenciana un valor añadido en áreas como el desarrollo tecnológico y la innovación, desarrollo y vertebración territorial, generación de ocupación, recuperación y fomento de sectores tradicionales, protección medioambiental, promoción de la inclusión social, igualdad y conciliación en el ámbito laboral o corresponsabilidad.

También se tendrán en cuenta criterios económicos, sociales y medioambientales, además de cumplir con los requisitos generales en materia de inversión y creación de ocupación que también establece la Ley.

Los proyectos empresariales declarados como prioritarios tendrán, en sus diferentes trámites, carácter urgente  para los órganos de la Generalitat y las entidades de su sector público instrumental.

Así, se reducen los plazos ordinarios de los trámites administrativos previstos en la normativa a la mitad, sin perjuicio de la legislación básica que sea aplicable, a excepción de los plazos relativos a la presentación de solicitudes y recursos en los procedimientos de concurrencia competitiva y de información pública, así como los de naturaleza fiscal.

Los ayuntamientos también participan en la tramitación de los procedimientos para la puesta en marcha de los proyectos empresariales y tienen el máximo interés en simplificar y agilizar aquellos trámites que la normativa permita, para que estos proyectos vean la luz lo antes posible y estimulen la actividad económica allí donde se implanten.