Los retos del Gobierno (y 4): PAC, despoblación y vivienda

Modernizar las explotaciones agrícolar, promover la digitalización y rejuvenecer el mundo rural

Para la Comunitat Valenciana dos de las carteras que más expectación generan son la de Agricultura y la de Infraestructuras, en la que repiten los mismos titulares. Los ministros deberán afrontar, entre otros asuntos, la negociación de la nueva PAC o las medidas para frenar la despoblación y buscar soluciones al encarecimiento del alquiler de viviendas.

Luis Planas tendrá que responder en esta legislatura a un sector que le exige soluciones en un escenario cambiante en lo internacional –“brexit”, PAC y aranceles- y complejo en lo nacional, con movilizaciones agrarias ya anunciadas

Planas tiene una tarea compleja en lo transversal, porque las políticas de agua, desarrollo rural, digitalización, género e igualdad, o forestal trascienden las competencias de distintos ministerios del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez; baste como ejemplo la vicepresidencia para la Transición Ecológica y Reto Demográfico o el Ministerio de Consumo.

Aún están por gestionar las consecuencias logísticas, aduaneras, arancelarias y comerciales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), tras su entrada en vigor en la fecha prevista: el 31 de enero.

En el caso de los aranceles estadounidenses a los productos de la Unión Europea (UE), el desafío no será solo recuperar la competitividad en dicho mercado o encontrar nuevos destinos para los alimentos españoles afectados por las tasas; el reto será también gestionar las políticas exportadoras frente a la volatilidad decisoria del Gobierno de Donald Trump.


Agricultores y ganadores ya han anunciado movilizaciones para 2020


Todo ello sin perder de vista que en Bruselas se negocia la próxima programación de la Política Agraria Común (PAC), que planteará mayores requisitos medioambientales a los agricultores y ganaderos y cuyo presupuesto se verá afectado por el recorte de ingresos derivado del “brexit”, que se teme redunde en una reducción de los fondos destinados a los productores.

Otro foco de atención es la despoblación y los efectos del cambio climático, cuestiones en las que la actividad agroganadera tienen una intervención fundamental-.

Planas deberá conciliar los diferentes intereses de las comunidades autónomas en materia de agua y trasvases, capturas pesqueras o sobre el Plan estratégico de implantación de la PAC, entre otros aspectos.

Los agricultores y los ganaderos ya han advertido de que habrá movilizaciones en este 2020 por los bajos precios en origen y los desequilibrios en la cadena de valor alimentaria, además de por considerar que “pagan sin tener la culpa” de los conflictos comerciales internacionales.

Desde el sector insisten, además, en la necesidad de fomentar el rejuvenecimiento en el agro y la visibilidad de las mujeres en el territorio, así como defender el papel del sector en el mantenimiento económico y social del rural y evitar la despoblación.

Reclaman una mayor concreción de las medidas para evitar la venta a pérdidas, medidas de mercado para afrontar las dificultades de rentabilidad de las explotaciones y el apoyo a los sistemas productivos comunitarios.


La movilidad sostenible y la financiación de infraestructuras, los focos de actividad para Ábalos


Cómo financiar las infraestructuras, en especial las vías de alta capacidad (autopistas y autovías), y asegurar por ley que los planes para su construcción se cumplen, serán los principales retos de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Para ello, deberá impulsar el debate parlamentario para acordar un sistema de financiación igual en toda España, así como sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible anunciada en su día para dar rango de ley a los planes de infraestructuras de transporte, coordinar la actuación de las administraciones y obligarlas a ajustarse a las prioridades.

Ábalos ha insistido en la necesidad de llevar el debate sobre la financiación de las infraestructuras, en especial de autovías y autopistas, al Congreso para fijar unas normas comunes para toda España y acabar con las diferencias entre las distintas autonomías.

En materia viaria, el Gobierno también deberá fijar el importe de la factura multimillonaria pendiente de abonar a los acreedores de las nueve autopistas quebradas y que fueron rescatadas por el Estado entre 2018 y 2019; así como poner definitivamente en marcha el conocido como Plan de Inversión Extraordinario de Carreteras (PIC).


Más cercanías y menos AVE para revertir la despoblación y aumentar la conexión interterritorial


Según el pacto PSOE-Unidas Podemos, deberá impulsar una política de infraestructuras mallar con el objetivo de revertir la despoblación y promover la conexión interterritorial con una fuerte apuesta por las Cercanías en detrimento de nueva inversión en AVE. En materia de alta velocidad, el objetivo será finalizar las obras ya previstas, así como afrontar la liberalización del transporte ferroviario de viajeros a partir del mes de diciembre.

Pese a que no se incluye en su nueva denominación, el ministerio mantendrá las competencias en materia de vivienda, que penderán de Agenda Urbana, departamento con el que el Ejecutivo pretende “ir más allá” y apostar por un desarrollo integral de las ciudades y pueblos de toda España.

En materia de vivienda, deberá afrontar el incremento de precios en el mercado de alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, donde la fuerte demanda unida a la escasez de oferta ha disparado las rentas.

Limitar los precios sería la política más controvertida que podría aplicar, ya que cuenta con el rechazo del sector y de buena parte de los analistas, que creen que ya ha demostrado su fracaso en ciudades como París y Berlín. Su alcance, sin embargo, podría circunscribirse a Barcelona.

La otra línea de actuación pasa por aumentar la oferta de la vivienda en alquiler, tanto pública como privada, algo que sí aplauden los operadores del sector.

Por ver quedan también las medidas fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o de estímulo por las que opta el Ejecutivo para sacar al mercado los pisos vacíos, teniendo en cuenta que el 96 % de ellos está en manos de pequeños propietarios, o cómo funciona la colaboración con los grandes tenedores de vivienda.

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