La Sindicatura Comptes  que ha alertado del incremento del déficit en 2018 en su Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2018, reconoce que los ingresos del sistema de financiación de los ejercicios 2014 a 2018 no han sido suficientes para cubrir las obligaciones reconocidas en los respectivos presupuestos.

En concreto especifica que en 2018 hubo una disminución del 1,6% de los ingresos procedentes del sistema de financiación sobre el total de ingresos con respecto al ejercicio 2017, y que además estos ingresos cubren el 59% de las obligaciones de gasto, tasa que ha descendido en un 5,6% respecto de 2017.

Dato que entiende la Conselleria de Hacienda refleja la necesidad de disponer de ingresos adicionales para alcanzar el gasto promedio por habitante del resto de las Comunidades Autónomas, «todos estos informes señalan que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es producido por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye para gestionar los servicios que tiene transferidos», ha destacado el conseller Vicent Soler.

Si bien, la oposición, entiende, según el informe de la Sindicatura que «en 2018 se desbocó el gasto un 7,7% respecto a 2017, a pesar de tener más ingresos, lo que demuestra una nefasata gestión económica del Gobierno de Ximo Puig”, ha puntualizado el portavoz de Economía del Grupo Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez.

El popular ha subrayado: “el resultado presupuestario negativo de 2.187 millones de euros y el aumento significativo de la deuda”.

Por su parte, desde Ciudadanos, la diputada y portavoz adjunta en Les Corts, Ruth Merino, ha incidido también en este elevado déficit: “Va en aumento año tras año por la nefasta gestión del Consell, que prioriza seguir gastando de manera superflua y desproporcionada”, sostiene Merino.

Por otra parte, desde Cs también destacan “lo impropio que supone incluir, un año más, los 1.325 millones de ingresos ficticios en los presupuestos autonómicos” “Nos oponemos totalmente a la mentira de elaborar unas cuentas irreales e imposibles de cumplir”, advierte Merino.

“Creemos que los resultados negativos del informe podrían haberse evitado con una gestión adecuada por parte del tripartito, que está poniendo a la Comunitat Valenciana en una situación nada favorable”, asevera la portavoz de Ciudadanos.

Para Soler la “discriminación” financiera de la Comunitat Valenciana, que es la que motiva la inclusión de la partida de 1.325 millones en los presupuestos autonómicos, compromete el acceso de los valencianos a los servicios básicos.

El Informe de la Sindicatura también destaca que los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria (cuenta 409) vulneran lo dispuesto en la normativa, aunque señala que existe la posibilidad de convalidar las obligaciones de ejercicios anteriores mediante autorización expresa del Consell. En este sentido, en el ejercicio 2018, se han tramitado 384 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.422,4 millones de euros.

En este punto la oposición ha acusado al Consell de «tener innumerables facturas en el cajón, por valor de cerca de 1.000 millones de euros y de pagos sin contrato por valor de 1.400 millones». Al tiempo que Ibáñez ha alertado sobre la mala justificación de subvenciones, según lo redactado en el informe, “de forma especial en Presidencia”, así como del «abuso de pagos sin contratos y la falta de liquidación en las concesiones sanitarias”.

“Hay un riesgo de prescripción de derechos de cobro de impuestos y aumento descomunal del gasto. Especialmente relevante es el caso de la Conselleria de Sanidad, que paga farmacia y productos sanitarios por caja fija sin contrato y fraccionando”, ha concluido el diputado del PP.

Los acuerdos de Sanidad, “válidos” para la Abogacía

Sobre los acuerdos transaccionales alcanzados por la Conselleria de Sanitat con la anterior concesionaria de la atención sanitaria en la comarca de La Ribera (Ribera Salud II UTE) y con el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), la Conselleria de Hacienda recuerda que la Abogacía de la Generalitat emitió un informe en el que se avala esta fórmula al considerarla “válida como medio de terminación de los procedimientos a los que se refiere”.

Según Soler «estos acuerdos transaccionales han supuesto un ahorro o han evitado reclamaciones por un importe conjunto de 13,4 millones de euros a favor de la Hacienda de la Generalitat. En el caso de los acuerdos suscritos con el IVO la suma alcanza un total de 2.730.639,17 a favor de la Administración valenciana. Respecto al acuerdo con Ribera Salud II UTE, la empresa desiste de su pretensión de reclamar 10.768.265,38 euros a la Generalitat».

No obstante, sobre las liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral (departamentos de salud de La Ribera, Torrevieja, Dénia, L´Horta Manises y Elx-Crevillent), el informe de la Sindicatura constata que a 31 de diciembre de 2018, existían 38 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de elaboración. «Se desconocen los importes definitivos de dichas liquidaciones, por lo que no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado
reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2018″, suscribe.

Para Hacienda, el informe de la Sindicatura acredita, mediante una estimación propia del gasto real, el incremento de recursos destinados a la mejora de la sanidad por importe de 1.256 millones en entre 2015 y 2018. “Desde el año 2015 se ha  venido realizando un considerable esfuerzo en los sucesivos presupuestos aprobados por la Generalitat para incrementar el presupuesto de  esta conselleria al objeto de mejorar las prestaciones de los ciudadanos”, ha recalcado Soler.

En este sentido, Soler ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización el próximo año de una ‘Spending review’, un proceso de revisión del gasto en Sanidad para mejorar su eficiencia.

Subvenciones en el punto de mira

Sobre las observaciones técnicas realizadas por la Sindicatura al programa sociocultural de la Generalitat, según Hacienda «se trata de unas subvenciones totalmente transparentes, incluidas en los Presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio y que cuentan con sus normas reguladoras publicadas en el DOGV. Es decir, son subvenciones bien concedidas de acuerdo con el procedimiento establecido y fiscalizadas».

En su informe, la Sindicatura hace algunas observaciones como la falta de sello en un documento de justificación, por lo que la conselleria aclara que la mayor parte de las facturas son electrónicas, por lo que el sellado no se considera operativo.

Respecto a la justificación de gastos con posterioridad a la finalización del plazo para hacerlo, se acreditó ante la Sindicatura que por un retraso en la publicación de la orden de concesión de la ayuda, quedó un periodo de tiempo muy escaso, por causa no imputable al beneficiario. Concretamente, de 5 días. Por ello se optó por flexibilizar este plazo; no obstante, la Sindicatura no ha considerado modificar su informe.

Ausencia de responsabilidad contable

El informe de la Sindicatura certifica, según el conseller Soler, que no hay ningún caso en que se haya incurrido en responsabilidad contable por parte de la Generalitat. Soler ha indicado que puede haber procedimientos mejorables y la conselleria está empeñada en un esfuerzo permanente por reforzarlos, pero queda claro que no ha habido ningún mal uso de los recursos públicos, a diferencia del pasado, cuando los informes de la Sindicatura relataban o anticipaban los casos de corrupción que aún están juzgándose en los tribunales.

Recomendaciones ya atendidas

El informe de la Sindicatura también alude a las recomendaciones ya atendidas como las referidas a las ayudas a comedores escolares, sobre lo cual  la Conselleria de Educación ha adoptado medidas para mejorar las debilidades de control interno; la contabilización de los elementos de inmovilizado facturados por Ciegsa en ejercicios anteriores; así como la recepción de los centros docentes de educación infantil, primaria y especial entregados por Ciegsa y su posterior cesión a los ayuntamientos.