La Administración General del Estado (AGE) ha licitado actuaciones en la Comunitat Valenciana por valor de 199,6 millones de euros hasta octubre de este año, un 67,09 % menos que en el mismo periodo de 2018 cuando la cifra alcanzaba los 606,6 millones. Unas cifras “deplorables” según Manuel Miñés, director gerente de la Cámara de Contratistas de la CV. Más aún si se tiene en cuanta que, mientras en la región caen, a nivel nacional las licitaciones del Estado crecen un 36,1 % hasta los 5.186,2 millones frente a los 3.810,2 millones del año pasado.

El estudio de la Cámara de Contratistas muestra como la Comunitat representa tan solo el 3,85 % del total de licitaciones a nivel nacional, lo que la sitúa como la décima comunidad autónoma en volumen de licitación. La primera es Cataluña con el 13,39 % del total, seguida de Madrid (12,93 %) y Castilla y León (8,56 %).

Un situación “sonrojante”, expone Miñés, quien añade que se está incumpliendo con el estatuto de autonomía de la Comunitat que recoge que la región debe tener una inversión por parte del Estado en función del peso poblacional, así como que la Generalitat participará en las decisiones de inversión del Gobierno español en la Comunitat. “Evidentemente nuestro ratio de participación del 3,85 % (CV/Nacional) en los primeros meses de 2019 no se corresponde con el peso poblacional del 10,59 % que representa la Comunitat”, explica el director gerente.

Fomento reduce un 71,23 % su licitación en la CV

Lamenta, a su vez, que el discurso del ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en el que expresaba su intención, “ya no de hacer cosas extraordinarias en la región”, sino de simplemente “ponernos en el lugar que nos corresponde”, se haya perdido por el camino. La cartera dirigida por Ábalos ha incrementado a nivel nacional durante los diez primeros meses de 2019 la licitación un 25,4 % hasta los 4.292,5 millones respecto al mismo periodo del año pasado.

En cambio, en la Comunitat Valenciana el ministerio de Fomento ha reducido el volumen de licitación un 71,23 % quedándose en los 169,6 millones de euros, frente a los 589,8 registrados de enero a octubre del 2018.

Destaca Miñés que es significativo que la Dirección General de Carreteras a nivel nacional y consecuentemente en la Comunitat Valenciana entre los meses de abril y septiembre de 2018 “no haya licitado ninguna obra, ni nueva ni de conservación”. Una situación que se reproduce en febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 2019. Recuerda además el director gerente de la Cámara de Contratistas que la liberalización de la AP-7 se va a producir a finales de este año sin que se hayan realizado las conexiones prioritarias precisas.

Señala Miñés que está situación está afectando al sector que ha visto como se cerraban numerosas empresas, mientras que otras han optado por salir al extranjero o a otras comunidades ya que “aquí es difícil mantener una plantilla mínima”. “Lo que queremos es hacer obras porque necesidades sí que hay y muchas”, asevera el director gerente.

La Genaralitat “cumple con sus deberes”

Frente a las actuaciones del Estado, resalta Miñés que la Generalitat “está haciendo milagros” a tenor del poco presupuesto del que disponen. Ha aumentado un 85,31 % la licitación durante enero-octubre de 2019 hasta los 334,4 millones frente a los 180,4 millones del mismo periodo de 2018.

La mayor parte, 146,2 millones, se corresponde a la conselleria de Política Territorial. A su vez, casi 100 millones son licitaciones realizadas por Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV). “Está haciendo sus deberes para que el tren de la costa se renueve y se modernice”, expone Miñés quien de nuevo, lamenta que por el contrario, Fomento no cumpla con sus promesas en la región en materia ferroviaria.

Insta el director gerente de la Cámara de Contrastistas de la Comunitat Valenciana al Gobierno español a que dé explicaciones sobre las cifras de licitación en la región y señala que las excusas de ser un gobierno provisional o la no aprobación de los presupuestos del 2019 “son cantos de sirena” ya que sí que ha aumentado la licitación en otras autonomías. “No lloramos por llorar. Lloramos sobre unas bases que son ciertas y que están sobre el papel”, concluye Miñés.