La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha exigido en la Cumbre del Clima de Madrid que se acabe con el «dumping medioambiental», y ha defendido que «garantizar la justicia social ha de ser una prioridad para los Gobiernos».

La consellera, que ha participado en una mesa de debate sobre financiación en el cambio climático, ha reclamado que, al menos la mitad de los 100.000 millones de euros anuales dedicados a estrategias de adaptación al cambio climático, se destine a las personas y a los territorios más vulnerables.

Mireia Mollà se ha referido al Mediterráneo como «epicentro del cambio climático», lo que a su juicio le convierte en una área que debería contar con una dotación adicional para hacer frente al impacto del calentamiento global, según ha informado la Generalitat.

La consellera ha cuestionado «ciertas contradicciones» del comportamiento de la Unión Europea, que por un lado exige unos compromisos a sus Estados miembros mientras firma acuerdos comerciales con países que incumplen los acuerdos internacionales, creando una «competencia desleal».

Propone una fiscalidad «verde» para afrontar la adaptación al cambio climático y sufragar el cambio de modelo productivo

Por otro lado, ha aludido a la debilidad en que se encuentra la Administración autonómica para poder gestionar los fondos europeos, y ha apostado por un «giro radical», que comience por fortalecer a los Gobiernos que se encuentran más cerca de la ciudadanía «para poder gestionar y ejecutar esas ayudas dirigidas a la transición ecológica».

El Corredor Mediterráneo «es capaz de reducir las emisiones de manera muy importante; debemos decidir qué actuaciones consiguen un mayor impacto positivo y dirigirnos a ellos para conseguir saltos de calidad», ha afirmado.

Para Mollà, la fiscalidad verde es otra de las «asignaturas pendientes» que el Estado español debe afrontar para financiar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, y para sufragar el necesario cambio de modelo productivo.

Preguntada por cómo van a repercutir las tasas verdes sobre la ciudadanía, la consellera ha abogado por impuestos finalistas que se dediquen a invertir en medidas de mitigación y adaptación, «un tipo de tasas que ya existe en el sistema fiscal español, como ocurre con el canon de saneamiento de la Comunitat Valenciana, de manera que no hace falta inventar nada».
Respecto al empleo, Mollà ha rechazado entrar en el debate «trampa» que contrapone cambio de modelo y destrucción de puestos de trabajo, y ha afirmado que existen nuevos yacimientos de empleo adaptados a la economía verde, como la rehabilitación en eficiencia energética de los edificios, que recupera los trabajos que la crisis se llevó por delante en el ámbito de la construcción.