El economista francés Thomas Piketty propone un sistema de herencia universal por el que a los 25 años se recibiría el equivalente al 60 % del patrimonio medio, unos 120.000 euros en los países ricos, que estarían financiados por un impuesto sobre la propiedad especialmente gravoso para los multimillonarios.

«Capital e ideología» (Deusto), publicada esta semana en España, es la última obra del autor francés, referente entre la izquierda europea por sus estudios sobre la desigualdad y probablemente uno de los economistas más leídos tras vender más de 2,5 millones de ejemplares de «El capital en el siglo XXI» (2013).

En su nuevo libro, Piketty asegura que es posible superar el capitalismo y la propiedad privada, y construir una sociedad justa basada en el socialismo participativo, que estaría financiado por un sistema fiscal «fuertemente progresivo» que promoviera la circulación permanente de la riqueza.

Frente a las evidentes ventajas de quienes heredan grandes fortunas, el autor contrapone una herencia universal que dé a los jóvenes la oportunidad de adquirir una vivienda o comenzar un negocio.

El autor contrapone una herencia universal que dé a los jóvenes la oportunidad de adquirir una vivienda o comenzar un negocio

Esa dotación de capital se financiaría con un impuesto progresivo sobre la propiedad, que establecería tipos bajos -del 5 y el 10 %- para quienes posean millones o decenas de millones de euros, pero que subirían al 60 y al 90 % para aquellas personas con una riqueza de cientos o de miles de millones, respectivamente.

Otra de las patas del sistema fiscal, la que financiaría el Estado social (educación, sanidad, pensiones, etc), la constituiría un impuesto sobre la renta también con tipos muy bajos para las rentas medias y con gravámenes muy altos -del 70, el 80 y el 90 %- para los ingresos de decenas, cientos o miles de millones de euros, respectivamente.

A estos dos impuestos se sumarían otro sobre los beneficios empresariales y otro sobre el carbono, con lo que serían cuatro impuestos básicos que Piketty cree que deberían ser comunes a toda Europa.

En este sistema no tendrían cabida impuestos indirectos como el IVA, porque son regresivos y no permiten que la carga fiscal se distribuya en función del nivel de renta o de patrimonio, defiende el autor.

La circulación del capital a través de una fiscalidad progresiva es uno de los elementos del socialismo participativo que propone Piketty, al que añade el reparto de poder en las empresas entre los representantes de los trabajadores y los accionistas.

«El discurso meritocrático y empresarial es, a menudo, una cómoda manera de justificar cualquier nivel de desigualdad por parte de los ganadores del sistema económico actual (…) La culpabilización de los más pobres no existía o, al menos, no con esta magnitud, en los regímenes desigualitarios del pasado», escribe el economista.

Asegura que la sociedad «beatifica» la riqueza, cuando muchos de los «tecnomultimillonarios» actuales no habrían podido desarrollar sus negocios sin la ayuda de los cientos de miles de millones de dinero público invertidos en formación y en investigación básica desde hace décadas.

«¿Realmente creemos que su poder de mercado casi monopolístico y la captación de conocimiento público a través de patentes privadas habría podido prosperar utilizando otros medios que no fueran el apoyo activo del sistema legal y fiscal en vigor?», se pregunta el autor.

La circulación del capital a través de una fiscalidad progresiva es uno de los elementos del socialismo participativo que propone Piketty

Argumenta que la frustración que ha creado el aumento de la desigualdad ha llevado a las clases medias y trabajadoras de los países ricos a desconfiar de la integración económica internacional, lo que ha contribuido a la aparición de movimientos nacionalistas e identitarios.

Cita la crisis política en Cataluña, de la que culpa a la UE por haber promovido un modelo de desarrollo basado en la idea de que es posible tenerlo todo: la integración en un gran mercado europeo y mundial, pero sin verdaderas obligaciones de solidaridad y de financiación de los bienes públicos.

«Si la parte esencial de los impuestos pagados por las rentas altas catalanas alimentara al presupuesto federal europeo, como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico», afirma.