CCOO y UGT han exigido la «inmediata» eliminación de la norma que permite el despido por enfermedad, una posibilidad que recogió la reforma laboral de 2012 y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, al que han criticado por «mirar hacia otro lado y no a la salud de los trabajadores».

Así lo han manifestado este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, antes de asistir frente al Congreso de los Diputados a una de las casi 50 concentraciones convocadas por todo el país para urgir la derogación de esta norma.

Ambos líderes sindicales han instado al nuevo Gobierno y al Parlamento a derogar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores «en cuanto se ponga en marcha la Legislatura». Sordo ha considerado «un escándalo» la sentencia del Constitucional, que avala este artículo que permite el despido por bajas intermitentes, es decir, «a personas cuyo único delito es tener una enfermedad, una baja justificada por un médico».

«Es un despropósito que se pueda despedir a trabajadores por bajas justificadas médicamente», ha explicado Sordo, algo que está teniendo un «efecto llamada» en los empresarios que comienzan a acogerse a esta posibilidad para hacer despidos.

Hay otro «efecto soterrado» en personas que van a trabajar cuando no están en condiciones de hacerlo, ha añadido.

A esto se suma la necesidad de actualizar el registro de enfermedades profesionales, ya que hay personas «que están de baja por una enfermedad personal, aunque en realidad se trata de una dolencia adquirida o agravada en el puesto de trabajo», según la fuente.

Sordo ha pedido a la CEOE que «deje de hacer el discurso sobre el absentismo que está haciendo» y le ha preguntado si «está dispuesta de verdad a acudir a un espacio de diálogo social que corrija en profundidad el marco laboral».

Antoñanzas ha criticado al Tribunal Constitucional por avalar la posibilidad de «despedir a un trabajador estando enfermo, poniendo por delante de su salud la libertad de empresa y la productividad de una compañía».

Además, ha considerado que esta sentencia conlleva una discriminación, ya que afecta a los trabajadores más mayores, con mayor probabilidad de enfermar, y a las mujeres. «Otra vez nos discriminan por el hecho de ser mujer», ha lamentado Antoñanzas, quien ha citado que la propia sentencia reconoce esta posibilidad.