Entrevista a Joan A. Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude

Antifraude reclama un mayor control de las declaraciones patrimoniales

La Agencia Valencia Antifraude contará en 2020 con un presupuesto de 4,4 millones, un 32 % más que este año, con el que contratará a nuevo personal

Joan A. Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. Foto: Archivo E3.

La Agencia Valenciana Antifraude reclama más instrumentos para controlar las declaraciones patrimoniales de los cargos públicos. Un control que según explica su director, Joan Antoni Llinares, se encuentra habilitado en “instancias con escasos medios, poca capacidad para actuar y para comprobar”. Expone que el conflicto de intereses conlleva que no se dote de herramientas para que se compruebe esta información de los servidores públicos.

“En estos momentos tenemos una buena normativa, pero los instrumentos que la tienen que poner en marcha o no están o son muy débiles”, indica Llinares a Economía 3 y añade que son cuestiones que tanto la Agencia Valenciana Antifraude como las demás agencias españolas deben tener en cuenta para equipararse a los criterios europeos.

Por otro lado, preguntado por el balance que hace de la actuación de la Agencia desde su creación en 2017, Llinares recalca que se ha conseguido “poner freno” a muchos comportamientos fraudulentos que de no haber sido detenidos a tiempo hubieran alcanzado “una magnitud equivalente a los casos notorios que todos conocemos”.

Añade que “la actuación de la agencia, sobre todo a partir de denuncias que llegan de los propios entornos de la administraciones denunciadas, está sirviendo para poner freno a esos comportamientos”. Señala que son unas conductas que aún persisten y que se producen sobre todo en el ámbito de la contratación pública y de las subvenciones.

El año pasado, la Agencia recibió 181 denuncias de conductas fraudulentas y según contabiliza Llinares, 2019 cerrará con un número similar de casos denunciados.

Presupuesto para 2020

La Agencia Valenciana Antifraude contará el año que viene, a falta de ser aprobado en Les Corts, con un presupuesto de 4,4 millones de euros, un 32 % más que en 2019 cuando en los que ha percibido 3,3 millones. La mayor parte del incremento, 913.000 euros, se destinan a la partida de personal que pasará de los 2,5 millones de este año a los 3,4 millones en 2020, un 36 % más.

“Se trata de la creación de los puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento de la Agencia”, apunta Llinares quien expone que serán las áreas de prevención, de formación y el apartado jurídico las que recibirán nuevos integrantes.

Entre los objetivos que se marca la Agencia Valenciana Antifraude para 2020 se encuentra el reforzar la prevención y la formación dirigida a las administraciones públicas. “Que sepan cómo realizar mapas de riesgo, análisis de sus propias estructuras o de empresas públicas para evitar que se den situaciones de fraude o de corrupción”, explica Llinares y añade que pretenden evitar que se use la excusa de desconocer los procedimientos para enmascarar una mala praxis.

Joan Antoni Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

Otro de los esfuerzos de la entidad es el de proteger a las personas denunciantes. “Dentro de nuestros objetivos está la de garantizar protección a los denunciantes y que la tengamos perfectamente en marcha, bien engrasada y con respuestas rápidas”, señala el director de la Agencia.

Ayer se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la nueva directiva aprobada por el Consejo Europeo para proteger a los denunciantes de casos de corrupción o fraude y ofrecerles asesoramiento jurídico. Esta normativa entrará en vigor el 17 de diciembre, fecha a partir de la cual España tendrá dos años para trasponerla a su ordenamiento jurídico.

La Comunitat Valenciana ya se adelantó a esta directiva europea con la puesta en marcha de la Agencia Valenciana Antifraude, organismo entre cuyas funciones se encuentra la protección de los denunciantes.

Un último objetivo que señala Llinares para 2020 es el de reforzar el área de análisis y de investigación “para ir atendiendo y resolviendo todos aquellos casos que entran en la agencia de denuncias de malas prácticas o de conductas incorrectas”.

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