Entrevista a Alicia Torres, nueva presidenta de CSIF CV

Torres: “Queremos conseguir una mayor implementación en la empresa privada”

Señala la nueva presidenta de CSIF en la Comunitat que esperan ganar presencia en las empresas valencianas y seguir siendo referente en el sector público

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Alicia Torres, nueva presidenta de CSIF en la Comunitat Valenciana.

Esta semana era nombrada nueva presidenta del sindicato CSIF en la Comunitat Valenciana, Alicia Torres quien sustituye en el cargo a Daniel Matoses, que se jubila. En 2004 asumió la dirección del Departamento de Formación del sindicato, y en 2007 fue elegida vicepresidenta autonómica de la central sindical, cargo que ha desempeñado hasta ahora.

-El balance que deja Daniel Matoses es un crecimiento del 24% del número de afiliados (18.300) y más de 1.000 delegados, lo que os hace el tercer sindicato más grande de la Comunitat. ¿Qué objetivos se marca para estos cuatro años? ¿Qué retos encara CSIF Valencia?

-El balance es muy bueno como bien dices y el objetivo que nos marcamos para estos cuatro años es seguir siendo el referente en el ámbito del empleo público, donde hemos pasado de ser el cuarto sindicato en la mesa general a ser el segundo. Estamos debatiendo incluso la primera posición en la mesa general que representa a todo el personal estatutario, funcionario y laboral de la Generalitat Valenciana. Queremos mantener e incluso si se puede crecer como referente en el ámbito del empleo público.

En el ámbito de la empresa privada queremos intentar una mayor implementación. Tenemos la dificultad de la legislación sindical vigente que no nos permite preavisar en las empresas en las que no estamos. Es más difícil para nosotros pero vamos a seguir haciendo un esfuerzo tanto en recursos como en estrategia para poder ser más fuertes en el sector de la empresa privada.

-CSIF no suscribió el acuerdo de legislatura de 2016, ¿qué balance hace de los cuatro del gobierno del Botànic?

-CSIF no suscribió el acuerdo de legislatura porque entendimos que el acuerdo no tenía unos compromisos tangibles que repercutieran en un beneficio para el empleado público. El tiempo nos ha dado la razón y los resultados electorales sindicales también y la gente ha entendido nuestra posición.

Aquel era un acuerdo político más que un acuerdo beneficioso para los trabajadores de la Comunidad. Lo único que hubiera tenido un efecto trasladable a los empleados públicos era la creación de un fondo para la recuperación del poder adquisitivo, un fondo que no se ha establecido.

Sigue habiendo unos grandes déficits. Sigue habiendo un gran déficit con la temporalidad, el envejecimiento y la reducción de las plantillas en casi todos los sectores del empleo público y eso en estos cuatro años no ha mejorado.

Nosotros en ese sentido creemos que hicimos bien no suscribiendo aquel acuerdo y ahora en estos cuatro años que vienen veremos a ver que políticas se desarrollan. Si se plantea un nuevo acuerdo de legislatura, lo valoraremos y decidiremos si firmar o no.

-En este sentido, ¿qué materias son urgentes para tratarlas en esta nueva legislatura? ¿Cómo ve la renovación del Botànic?

-Los acuerdos o los temas claves son fundamentalmente la recuperación del poder adquisitivo perdido. Nosotros partimos de rebajas salariales en el año 2010 cuando se produjo un descuento que estuvo entre un 5 % y un 7 %. Desde entonces no hemos conseguido recuperar el salario perdido. Nosotros creemos que esa es una prioridad.

Otra de las grandes cuestiones que ya demandamos en la anterior legislatura es el establecimiento de las 35 horas semanales como mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. También porque eso permitiría que entrará gente nueva al empleo público.

Y la tercera gran cuestión es el tema de la temporalidad en el empleo público. Es un problema grave. Con los acuerdos que CSIF ha suscrito con UGT y CCOO a nivel nacional, se establecen las bases para crear esos planes de estabilización del empleo público que permiten sacar plazas.

Ha de ponerse en práctica de una manera ágil. No podemos estar con procesos selectivos que empezaron en el 2015 y que estarán terminando en el 2019. Sino, no podemos acabar con esa temporalidad y que las plantillas aumenten y que el envejecimiento sea menor.

-Un tema que quedó pendiente es el referente a la Ley de Participación Institucional, ¿se resolverá durante esta legislatura? ¿cómo debería resolverse?

-En la legislatura pasada fue una de las grandes cuestiones que el sindicato llevo adelante junto con otras tres organizaciones sindicales. En principio lo que se consiguió fue importante porque a raíz de una enmienda que presentó el PP a la totalidad de la legislación se debatió el tema y se abrió la posibilidad de modificar la Ley de Participación Institucional.

La ley se modificó pero deja un desarrollo reglamentario posterior para decidir qué organizaciones sindicales van a poder entrar en esa participación institucional. Estamos a la espera de ese desarrollo reglamentario, lo que corresponde al gobierno del Botànic.

Nosotros siempre hemos defendido que sindicatos como el nuestro que atienden a muchos sectores de actividad, es decir, son intersectoriales, que tienen implantación en las tres provincias y que tienen un número de delegados importantes deberían poder estar en esa participación institucional.

-¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Función Pública pendiente de ir a les Corts?

-Cuando pasó por la mesa general de negociación, estuvimos en contra. Le vemos ventajas porque hay ciertas cuestiones que sí que ayudan a mejorar la función pública y a profesionalizarla, pero para nosotros tiene un inconveniente, una línea roja insalvable, que es la imposición del requisito lingüístico para el acceso a la función pública.

Nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de que el requisito lingüístico sea uno de los requisitos para el acceso, en todo caso que sea un mérito. Defendemos el valenciano, queremos que se fomente pero creemos que la imposición del requisito lingüístico no puede producirse.

-Se hacía pública está semana la resolución de Inspección de Trabajo respecto a los becarios de la Generalitat, ¿qué opina al respecto? ¿cómo debería plantearse la figura del becario? ¿se deben suprimir estas becas de la Generalitat?

-Más que eliminarlas, lo que se debe es respetar la legislación y legislarse bien. Son una figura que no es un trabajador pero sí que tiene que tener un plan formativo, una tutorización, unos horarios. No se puede abusar de la figura del becario.

No se puede pedir que hagan unas jornadas que no corresponden a lo que es su trabajo, que encima no se les cotice por el tiempo que han trabajado. Ha de respetarse la legalidad. Que se cumpla con el papel de una persona que está aprendiendo.

-Por último, ¿qué le parece el preacuerdo entre PSOE y Podemos?

-Nosotros a nivel nacional lo que hemos expresado desde CSIF es que lo que queremos es un acuerdo estable. Que dé estabilidad al país. Estos meses de inestabilidad han hecho mucho daño y ya empiezan a tener sus consecuencias negativas.

Lo que pedimos es que ese acuerdo, ese o el que sea, que dé estabilidad y que permita un gobierno que tenga sus plenas funciones y que se ocupe de los problemas de los trabajadores. Lo que queremos es que el acuerdo que salga permita un gobierno estable y que se preocupe de las condiciones de trabajo, tanto de los empleados públicos como de los trabajadores de la empresa privada.

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