La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que la «hoja de ruta» del Gobierno valenciano en materia fiscal «está clara» y consiste en «ir a un sistema de justicia tributaria», donde los que más tienen han de aportar más, como recoge la reforma puesta en marcha en 2017.

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por las discrepancias internas del Botànic en una enmienda a la ley de Acompañamiento sobre la ampliación de la bonificación del impuesto de sucesiones, que el PSPV quiere aplicar a todas las empresas y Compromís y Unides Podem limitar a las que facturen 10 millones de euros.

La vicepresidenta ha opinado que en el debate de las enmiendas se llegará «a los acuerdos que se tenga que llegar», y ha reivindicado la actuación del Consell en materia fiscal, con una reforma que entró en vigor en enero de 2017 gracias a la cual un millón y medio de valencianos, las rentas más bajas y medias, tienen menor presión fiscal en el IRPF, y 50.000 personas pagan más.

Oltra ha recordado que la Comunitat Valenciana era la autonomía donde las rentas bajas y medias «pagaban más de toda España, y la rentas más altas pagaban menos de toda España», lo que suponía «un ataque» al principio constitucional de la progresividad de los tributos, basada en que quien más tiene aporte más y quien menos tiene aporte menos.

Asimismo, ha explicado que se reformó el impuesto de Sucesiones y ha destacado que en 2017 el 86 % de los valencianos que heredaron no pagó ese impuesto y solo lo hizo el 14 %, y de estos solo el 8 % pagó más de 5.000 euros.

«Es decir, el 92 % de la población o no paga o paga menos de 5.000 euros, y solo el 8 % de la población, que es la que tiene más poder adquisitivo, paga» el impuesto de Sucesiones, ha resaltado la vicepresidenta, quien ha añadido que la línea fiscal del Consell está basada en un informe de expertos en materia tributaria.

Por otra parte, preguntada sobre cómo ve el Consell el futuro de la radiotelevisión pública, Oltra ha afirmado que el Gobierno valenciano «no valora las cuestiones de À Punt ni para bien ni para mal ni para regular» desde que dejó en manos de Les Corts la iniciativa legislativa para la puesta en marcha de la nueva cadena.