El Banco de España ha elevado a 65.725 millones de euros el coste de las ayudas al sector bancario durante la crisis financiera, asumido en gran parte por el Estado a través del FROB y por el Fondo de Garantía de Depósitos, constituido con las aportaciones del propio sistema financiero.

Según la información actualizada por la institución con datos a cierre de 2018, este nuevo cálculo supone un incremento de 1.376 millones frente a la estimación de hace un año y en gran medida se explica porque el FROB, como principal accionista de Bankia y BMN, valora ahora en 9.560 millones su participación, y no en los 9.857 millones de noviembre de 2018.

El importe estimado que se podría obtener con la venta de Bankia, los 9.560 millones mencionados, se sumaría a los 5.225 millones ya recuperados, con lo que en total se podrían recuperar 14.785 millones de euros.

Las ayudas concedidas por el Estado a través del FROB suman 56.679 millones de euros. Casi la mitad se adjudicaron a Bankia, BFA y BMN, con 24.069 millones, seguido de Catalunya Banc, con 12.052 millones, y Novacaixagalicia, con 9.052 millones.

La cantidad ya recuperada por el FROB alcanza los 4.477 millones de euros. Las mayores cuantías corresponden a Banca Cívica, con 977 millones en preferentes que fueron devueltas con la integración de la entidad en CaixaBank; seguida de CajaSur, con 800 millones, y Novacaixagalicia y Catalunya Banc, con 783 y 782 millones cada una.

La mitad de las ayudas del FROB se destinaron a salvar Bankia, BFA y BMN

Dado que el importe recuperable por el FROB estimado por el Banco de España alcanza los 9.560 millones, el importe total de la «factura» para el Estado es de 42.642 millones de euros, que después de diversos ajustes contables, queda en 42.561 millones.

A ello hay que sumar las aportaciones para paliar la crisis financiera a través del FGD, cuyas aportaciones al rescate de las cajas suma 23.164 millones.

Al margen de estas ayudas, el Estado, en una acción concertada con el resto de países de la Unión Económica y Monetaria entre 2009 y 2012 desarrolló dos medidas para mejorar la liquidez de las entidades de crédito.

Una de ellas fue la constitución de un Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que se liquidó en junio de 2012 con un beneficio para el Estado de 650 millones de euros por cobro de intereses.

La segunda fue el otorgamiento de avales del Estado para determinadas emisiones de las entidades de crédito, por más de 110.000 millones de euros -todas ellas ya amortizadas-, lo que supuso un ingreso para el Estado de 3.060 millones de euros.