Las empresas de transporte de mercancías por carretera que operan en la Comunitat Valenciana se instalan en Cuenca para pagar menos salarios y cotizaciones. Así lo asegura el sindicato CCOO PV quien ha denunciado a Inspección de Trabajo esta situación de ‘dumping social’ que “conlleva un fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria”, aseveran.

En concreto, el sindicato ha interpuesto 6 denuncias a Inspección y calculan que interpondran 40 más para detener estas prácticas. Por el momento en sus resoluciones, Inspección de Trabajo está requiriendo a estas empresas que abran sus centros de trabajo en Valencia, que apliquen el convenio colectivo de la provincia y a retribuir y cotizar por sus trabajadores como es preceptivo.

“Multitud de empresas del sector que operan en Valencia tienen instalado su domicilio social en Cuenca”, denuncia Jesús Ballesteros, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, quien expone que “se trata de una práctica extendida”. Explica que el objetivo que persiguen es pagar menos salarios y Seguridad Social, puesto que “los salarios son alrededor de 470 euros al mes inferiores a los establecidos en el convenio de Valencia”.

El salario base de un conductor de camión en la provincia de Valencia es de 1.235 euros, mientras que en Cuenca el sueldo es de alrededor de 890 euros, expone Ballesteros y añade que cuesta detectar estas prácticas ya que solo pueden reaccionar “cuando los propios trabajadores nos lo dicen”.

Apuntan desde el sindicato que han detectado que estas empresas, las llamadas ‘empresas buzón’ (sociedades que no operan en el lugar donde tienen su sede) están trabajando en el Puerto de València. “Esto supone un fraude, ya que el Tribunal Supremo unificó doctrina estableciendo que el convenio de aplicación es el del lugar en el que se desarrolla la actividad, y no donde la compañía decida domiciliar su sociedad”, señalan.

El sindicato calcula que, aproximadamente, 7.000 trabajadores se encuentran en esta situación fraudulenta. Cuenca cuenta con alrededor de 500 empresas de transporte, mientras Valencia con unas 600. “Algo absolutamente desproporcionado si comparamos la actividad que se desarrolla en cada una de las dos provincias”, indican. Sería en la pequeña localidad de Iniesta donde se concentraría la mayoría de estas empresas, asegura Ballesteros.

A su vez, exponen desde CCOO que la Seguridad Social estaría dejando de ingresar unos 170 euros por trabajador o trabajadora al mes.

CCOO considera que además del perjuicio salarial, el fraude a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, se está generando competencia desleal entre las empresas y lamentan que las compañías valencianas no tomen cartas en el asunto. “Lejos de defender una competencia leal, no toman ninguna determinación más allá de quejarse en privado”, apuntan. El sindicato aboga “por luchar de forma decidida contra el fraude y contra el dumping social”.