Los ciudadanos acudirán a votar el 10 de noviembre en un contexto de desaceleración económica que ha empeorado desde los comicios de abril y que tiene visos de mantenerse en el tiempo ante la persistencia de riesgos como un brexit desordenado o una guerra comercial global.

Aunque los programas económicos no centran la campaña electoral, la posibilidad de que pudiera volver una crisis se ha colado en los discursos de los partidos y en las recetas económicas que proponen estos días.

La mayoría de expertos y analistas coincide en que de las urnas tiene que salir un Gobierno estable capaz de adoptar medidas que consigan mantener la actividad en España, controlar el déficit y frenar el contagio de un entorno internacional adverso.

La economía alemana, motor de la UE, ha caído un 0,1 % en el segundo trimestre y la de Italia bordea la recesión, mientras que en España el avance del PIB se ha mantenido en el 0,4 % en el tercer trimestre, aunque alejado de las tasas de crecimiento del 0,7 o 0,8 % de 2018.

No obstante el crecimiento de la economía española sigue por encima de la media de la zona del euro y ya no existen los desequilibrios que dieron lugar a la recesión de 2008, vinculados a la burbuja inmobiliaria y de crédito.

Los partidos políticos coinciden en que para sostener el crecimiento económico se debe mantener la demanda interna y ganar en competitividad, además de enfrentar las principales vulnerabilidades de la economía española: la alta tasa de paro (13,92 % en el tercer trimestre) y la elevada deuda pública (97,38 % del PIB en agosto).

Las prioridades son compartidas, pero las recetas difieren, y mientras el PP aboga por profundizar en la reforma laboral que aprobó en 2012 porque cree que ha favorecido la creación de empleo, Unidas Podemos critica que ésta ha fomentado la temporalidad y los salarios bajos.

Ciudadanos sigue apostando por tres contratos: indefinido, de sustitución y de formación, y el PSOE señala que quiere derogar «los aspectos más lesivos de la reforma laboral», pero sin mencionar si restablecerá la ultraactividad (vigencia indefinida) de los convenios o si devolverá la prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa.

Las principales vulnerabilidades de la economía española son la alta tasa de paro (13,92 % en el tercer trimestre) y la elevada deuda pública (97,38 % del PIB en agosto)

La política fiscal también juega un papel destacado en la elecciones, toda vez que unos partidos quieren afrontar la desaceleración con una bajada de impuestos y otros con un potente plan inversor.

Subir o bajar el IRPF, el Impuesto de Sociedades o modificar figuras tributarias como el Impuesto de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones, son medidas que aparecen en todos los programas.

PP, Ciudadanos y VOX coinciden en que hay que controlar el gasto público y beneficiar la fiscalidad de las empresas para que puedan crear empleo e inversión, mientras que PSOE, Unidas Podemos y Más

País apuestan por lo contrario: aumentar los impuestos a los grandes patrimonios y rentas para financiar con esos ingresos los servicios públicos.

De las políticas sobre ingresos y gastos dependerá el cumplimiento de los objetivos de corrección del déficit público que exige Bruselas, lo que se complica en momentos de desaceleración económica, por lo que ningún partido descarta renegociar con la Comisión Europea la senda de estabilidad presupuestaria.

La economista de Funcas María Jesús Fernández cree que los políticos no tienen en cuenta que el crecimiento de los ingresos públicos será menor en los próximos años y, por lo tanto, limitará, la posibilidad de rebajar impuestos o elevar el gasto.

«No hay posibilidad de utilizar la política fiscal para amortiguar la desaceleración debido al elevado nivel de deuda pública», incide a Efe, mientras que el analista de Selfbank Felipe López avisa de que podría haber una crisis «a la vuelta de la esquina» y la economía española en momentos de recesión «se comporta peor que las de otros países del entorno».

López coincide con el profesor del FEF Miguel Ángel Bernal en que la situación de Cataluña, entre otras cosas, ha eclipsado el debate en torno a la economía y a reformas estructurales como la del sistema de pensiones.

«No oigo hablar de medidas frente al brexit o la ralentización del comercio mundial», afirma Bernal, que también echa en falta en los programas propuestas en torno a la factura energética, las políticas activas de empleo, la formación profesional o los problemas que afronta el sector turístico.