El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell no prorrogará y presentará unas nuevas cuentas autonómicas para 2020, cuyo proyecto de ley se aprobará la semana que viene.

Este ha sido el principal anuncio de la sesión de control, en la que además Puig ha desvelado una sentencia por la que el Consell pagará 4’8 millones de euros de la etapa del PP; ha mostrado la sentencia de su despido del periódico Mediterráneo hace tres décadas y adelantado que este viernes se aprobará el proyecto de ley del Juego.

Sobre los Presupuestos que el pleno del Consell aprobará la semana que viene, ha asegurado que garantizarán la ampliación de los derechos de los valencianos, fortalecerán un estado de bienestar avanzado, potenciarán la educación y la sanidad pública, consolidarán un crecimiento económico inclusivo y contribuirán a crear empleo de calidad.

«En definitiva, unos Presupuestos para garantizar la estabilidad en tiempos de incertezas, para fortalecer el autogobierno en tiempos de recentralización, y para avanzar en los derechos de valencianos y valencianas que algunos ponen en duda», ha resaltado el president.

La previsión es que los nuevos Presupuestos sean expansivos sobre los de 2018 y se mantengan en general respecto a los de 2019 (que subieron un 10 %); incluyan los 1.325 millones reivindicativos a cuenta del nuevo modelo de financiación, y se puedan ampliar en 2020 si hay nuevos Presupuestos Generales del Estado, según fuentes del Consell.

Puig ha adelantado que el nuevo Presupuesto incluirá los 4’8 millones de euros que el Consell tiene que pagar por la «mala gestión» del PP, en concepto de intereses de demora de pagos aplazados «ilegales», que el PP utilizó de forma «indiscriminada» desde 2009.

El Consell aprobará mañana el proyecto de la nueva Ley del Juego con mayores controles

Puig también anunció que el Consell tiene previsto aprobar mañana el proyecto de la nueva Ley del Juego, que contempla la obligatoriedad de controles de acceso a pie de calle en las casas de apuestas para impedir la entrada de menores y personas con problemas de ludopatía.

La norma incluye novedades como un incremento de las sanciones e inversiones públicas para financiar programas de lucha y prevención de la ludopatía.
En otro orden de cosas, la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha propuesto que el Consell del Botànic se ofrezca a mediar entre el Gobierno central y la Generalitat catalana y abra sus instituciones para ayudar a buscar una solución política.

«Tenemos un papel reducido y no queremos tener más papel que el que nos corresponde», ha declinado el president.