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Cláusulas abusivas

El Abogado del TJUE abre la puerta a anular hipotecas con IRPH cuando sean abusivas

El impacto económico de este escenario para la banca podría ser de 25.000 millones, según las asociaciones de afectados

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Edificio de viviendas en Castellón | Imagen: E3

Un Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abierto la puerta a que se anulen miles de hipotecas ligadas al índice de Referencia Préstamos Hipotecarios (IRPH), al declarar que los jueces nacionales pueden controlar si fue abusivo, en cuyo caso podrían obligar a la banca a compensar a los afectados acarreándoles una factura multimillonaria.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele seguir sus recomendaciones a la hora de dictar sentencia.

El veredicto se espera a principios de 2020 y, de coincidir con el letrado, supondrá un nuevo varapalo para la banca por el uso de cláusulas abusivas y un espaldarazo para quienes firmaron las cerca de un millón de hipotecas ligadas a este índice.

El IRPH, elaborado por el Banco de España, fue utilizado por entidades sobre todo en Andalucía, País Vasco y Cataluña en sustitución del euríbor, lo que encareció los préstamos 25.000 euros de media, según los afectados, que denuncian que se comercializó con poca transparencia.

En 2017, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que avalaba el índice y estipulaba que la referenciación a un tipo oficial como es el IRPH “no implica falta de transparencia ni abusividad”.

Pero en 2018, discrepando con el Supremo, un juzgado barcelonés planteó varias cuestiones prejudiciales al TJUE sobre si era posible controlar la transparencia del índice y sobre su posible nulidad.

El Abogado General se ha pronunciado en contra del criterio del Supremo, al considerar que los jueces nacionales sí pueden controlar si el IRPH fue abusivo y descartar que dé garantías de transparencia por el mero hecho de ser un índice oficial.

El letrado explica que las entidades –Bankia en el caso analizado- no estaban obligadas a referenciar las hipotecas al IRPH y podrían haber optado por otro índice, como el euríbor.

Por tanto, se les aplica la directiva europea sobre cláusulas abusivas, que solo exime de control judicial a aquellas que introduzcan disposiciones “imperativas o supletorias” en los contratos.

Señala, además, de que el método de cálculo del IRPH es “complejo y poco transparente para un consumidor medio”, y apunta que deben darse dos requisitos para considerar que cumple las exigencias de transparencia.

Por un lado, que la información sobre el método de cálculo sea “suficiente” para que el consumidor tome una decisión “prudente” y, por otro, que se mencione la evolución del índice en el pasado.

Así, pide que los jueces tengan en cuenta al evaluar la transparencia si el consumidor podía valorar las consecuencias económicas en base a “criterios precisos e inteligibles”. Y añade que, aunque la cláusula sea transparente, el juez puede controlar si fue abusiva.

Si la sentencia del TJUE sigue esta línea, las miles de demandas sobre el IRPH que aún deben dirimir los tribunales españoles y están paralizadas a la espera del veredicto europeo, podrían resolverse a favor de los afectados.

Según la normativa europea, cuando una cláusula se declara abusiva, se convierte en nula y se considera que nunca estuvo en el contrato, lo que obligaría a anular sus efectos y a compensar a los consumidores, según explican organizaciones de usuarios y bufetes de abogados.

El impacto económico de este escenario para la banca sería de 25.000 millones, según las asociaciones de afectados, aunque el banco de inversión Goldman Sachs lo cifra entre 7.000 y 44.000 millones, en función del grado de retroactividad de la eventual sentencia.

Con esta perspectiva, los bancos españoles han registrado caídas en bolsa tras conocerse la postura del Abogado.

La organización de consumidores Facua prevé que, si la sentencia final es favorable al usuario, se produzca una avalancha de nuevas demandas, como ocurrió con la cláusula suelo después de que el TJUE también contradijese al Supremo y determinase que su carácter abusivo debía provocar la devolución del dinero cobrado ilícitamente tanto antes como después de la sentencia dictada en 2013 por el tribunal español.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también destacan que permitiría reclamar por “las deficiencias en la comercialización” que llevaron a cientos de miles de consumidores a contratar hipotecas “que han resultado ser 1.200 euros anuales más caras” que las que usan el euríbor.

La OCU calcula que el importe cobrado de más por el IRPH podría superar los 37.000 millones.

Desde el Gobierno, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, dijo que “no cabe prejuzgar cuál puede ser el impacto final” y que habrá que esperar a la sentencia final del Tribunal.

“Se trata de una cuestión prejudicial”, ha añadido Calviño, la cual “no entra en el fondo del asunto y no determina la sentencia que finalmente dicten los tribunales españoles en cada uno de los casos correspondientes”.

Una vez se conozca la sentencia del TJUE, los tribunales españoles tendrán que resolver los casos pendientes siguiendo su criterio.

Por su parte, la patronal de la banca española, la AEB, y la de las antiguas cajas de ahorros, CECA, han destacado que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha considerado que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) sea “nulo ni abusivo”.

En un comunicado conjunto, ambas patronales recuerdan que se trata de una cuestión prejudicial, planteada por un juzgado de Barcelona que, pese al aval dictado meses antes por el Tribunal Supremo español, quiso conocer la opinión europea sobre la legalidad y transparencia del índice.

El Abogado General reafirma en su valoración no vinculante que “los tribunales españoles son los competentes para analizar en cada caso particular el cumplimiento de las obligaciones de transparencia”.

Añaden que el Abogado General del TJUE considera que sí se han cumplido las exigencias de transparencia de la Directiva 93/13/UE, teniendo en cuenta que el IRPH es un índice de referencia oficial que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha considerado, en declaraciones a Efe, que la opinión del letrado es “muy saludable, puede que sea lógica y hay que tenerla en cuenta”, pero ha señalado que es mejor esperar a la sentencia del TJUE, que se demorará unos meses.

“Nosotros tenemos que valorar las sentencias”, ha insistido González, para quien “cualquier conjetura es prematura”.

También ha destacado que hay “cierta tendencia” a que la opinión del abogado sea tomada en consideración por el TJUE y la sentencia vaya en la misma línea.

En cuanto al impacto económico que podría tener la sentencia para las entidades afectadas, ha explicado que si las consecuencias económicas fueran “considerables” sería “lógico” que tuviera “alguna repercusión en Bolsa pues sería un compromiso económico que habría que resolver”.

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