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El Abogado General de la UE deja en manos de los jueces decidir sobre el IRPH

A falta de la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Abogado General de la Unión Europea consideró este martes que los jueces nacionales pueden controlar el carácter potencialmente abusivo del uso del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), que se utilizó en casi un millón de hipotecas españolas en sustitución del euríbor.

La gran banca española, grupo compuesto por Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, suma una cartera hipotecaria referenciada al IRPH de unos 16.300 millones. Según los últimos datos, CaixaBank alcanza 6.446 millones; Santander, 4.300 millones; BBVA, 3.100 millones; Bankia, 1.600 millones, y Sabadell, 831 millones.

El banco de inversión Goldman Sachs ha calculado el posible impacto de una sentencia desfavorable a la banca. A tenor de sus cálculos, de declararse nulo este índice, el sector podría tener que asumir un coste de hasta 44.000 millones. Sin embargo, esta posibilidad quedaría, de confirmarse el informe del Abogado General, en manos de los juzgados nacionales.

El Abogado General se pronunció en respuesta a varias cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado de Barcelona. Aunque su opinión no es vinculante, las conclusiones del Abogado suelen marcar la línea que sigue el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia.


El encarecimiento medio de la hipoteca por aplicar el IRPH en lugar del euríbor se estima en 25.000 euros


El letrado toma así una posición favorable a los intereses de los afectados por el índice, que alegan que este se comercializó con poca transparencia y encareció sus hipotecas en una media de 25.000 euros en comparación con lo que hubieran pagado de utilizar el euríbor, el más común.

La banca, por su parte, defendía que, al tratarse de un índice fijado conforme a disposiciones legales, no puede ser objeto de un control de transparencia ni abusividad.

En las conclusiones pronunciadas este martes, el Abogado comunitario argumenta que el uso de este índice puede someterse al control judicial para verificar estos aspectos.

Argumenta que las entidades bancarias -Bankia, en el caso concreto que se le plantea,- no están obligadas a utilizar uno de los seis índices de referencia oficiales, incluido el IRPH, por lo que podían haber optado por el euríbor.

Por lo tanto, al no tratarse de una cláusula que refleje una disposición legal imperativa, está comprendida dentro de la Directiva europea sobre cláusulas abusivas y puede ser objeto de control.


El informe señala que la fórmula de cálculo del IRPH es compleja y poco transparente para el consumidor medio


El Abogado añade que los tribunales nacionales no pueden abstenerse de controlar si el IRPH fue abusivo amparándose en una excepción de la Directiva europea que permite no pronunciarse cuando las cláusulas hayan sido redactadas de manera clara y comprensible.

Por otra parte, precisa la información que deben proporcionar las entidades para cumplir con las exigencias de transparencia al utilizar el IRPH, cuya fórmula de cálculo resulta compleja y poco transparente para el consumidor medio.

En este sentido, el Abogado señala que deben especificar la definición completa del índice de referencia empleado por ese método de cálculo, las disposiciones de la normativa nacional que determinan el índice y referirse a la evolución del mismo en el pasado.

A la hora de controlar la transparencia, el juez nacional tiene que comprobar si el contrato exponía de forma transparente el método de cálculo del tipo de interés, de modo que el consumidor pudiese valorar sus consecuencias económicas basándose en criterios precisos e inteligibles, así como si el contrato cumplía con las obligaciones de información que exige la normativa española.

El Abogado no se pronuncia, sin embargo, sobre si el IRPH debería ser declarado nulo.


Una vez se conozca la sentencia definitiva, serán los jueces los encargados de resolver los litigios pendientes


El Tribunal Supremo dictó en 2017 una sentencia en la que estipulaba que la mera referenciación de las hipotecas a un tipo oficial como el IRPH “no implica falta de transparencia ni abusividad”.

Sin embargo, en 2018 el Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona cuestionó la decisión y pidió al TJUE pronunciarse sobre si el índice puede someterse a controles de transparencia, si es nulo o si debe sustituirse por otro índice.

Una vez se conozca la sentencia definitiva, los tribunales españoles tendrán que resolver los litigios pendientes ateniéndose a lo dictado por el TJUE.

 

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