La Generalitat ha recuperado 452.287,48 euros del daño patrimonial causado por 12 de los acusados en el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Blasco, relacionadas con el desvío de fondos públicos que deberían haberse dedicado a proyectos en países en desarrollo, entre los que se encontraba la construcción de un hospital en Haití. A esta cantidad habría que añadir 1.049.000 euros recuperados por la Generalitat en las piezas ya finalizadas relativas a las ayudas a la cooperación en Nicaragua.

El dinero depositado corresponde a las responsabilidades civiles asumidas por 12 de los procesados en la trama de desvío de fondos públicos, conforme a lo pactado por estos con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el juicio.

Las cantidades ya han sido consignadas por los acusados e ingresadas en la cuenta de la Generalitat, de acuerdo con las conformidades pactadas el pasado mes de julio, y están pendientes de la sentencia judicial del caso, prevista para el próximo mes de diciembre, momento en el que estarán plenamente disponibles por parte de la Generalitat, que los destinará a ayudas a la cooperación para el desarrollo.

Los 12 acusados han reconocido los hechos y han llegado a acuerdos para asumir las penas y responsabilidades exigidas por la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, y responder al daño patrimonial causado a la Administración por el desvío de los fondos.

En la trama juzgada se encontraba el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el antiguo jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares. Con ninguno de ellos se ha alcanzado un acuerdo de conformidad y siguen sin resarcir el daño patrimonial causado y reclamado por la Generalitat.

Está previsto que en breves fechas se incrementen las cantidades recuperadas por la Generalitat, ya que se encuentran embargados y pendiente de ejecución diversos inmuebles propiedad de algunos de los condenados en la pieza primera del juicio a la trama.

Es el caso de Rafael Blasco y la finca que posee en Aguas Vivas, así como dos apartamentos de lujo y un yate en Miami propiedad de César Augusto Tauroni y diversos inmuebles embargados de Marc Llinares y Alexandre Català. Todos ellos eran directivos o funcionarios con altas responsabilidades en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en el momento de los hechos juzgados.