El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado que la Generalitat Valenciana confía en llegar a un «acuerdo satisfactorio» con el Gobierno en sus discrepancias a la Ley autonómica de Presupuestos de 2019 y la conocida como ley de acompañamiento a estas cuentas (Ley 27/2018 de Medidas Fiscales de la Generalitat).

Según Soler,«las apreciaciones técnicas –no de carácter ideológico–» formuladas por el Gobierno central a la Ley de Medidas, en relación a modificaciones en los artículos 40 (coordinación de policías locales), 69 (ley de caza) y 70 (medidas administrativas), así como la disposición adicional quinta del plan de salud bucodental, «ya están todas resueltas, y ahora estamos intercambiando información con el Gobierno sobre la Ley de Presupuestos, dentro de un clima de cordialidad y cooperación». «De hecho, el Gobierno central ha convocado Comisiones Bilaterales sobre presupuestos a todas las comunidades autónomas», ha apuntado Vicent Soler.

El conseller, que ha comparecido a petición de grupo parlamentario popular para dar explicaciones ante la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes, ha señalado que las comisiones bilaterales son un instrumento «habitual y útil para evitar la conflictividad procesal». Y es que, la comisión bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si en el plazo de seis meses no se consigue llegar a un acuerdo entre las dos administraciones que la integran.

En este sentido, el conseller entiende que  «las dos administraciones han puesto de manifiesto la buena disposición de llegar a un acuerdo satisfactorio», por lo que trabajarán en próximas reuniones para alcanzarlo.

Apreciaciones técnicas a la Ley de Presupuestos

Por lo que respecta a las apreciaciones técnicas manifestadas por el Gobierno a la Ley de Presupuestos, Vicent Soler se ha referido al artículo 34 y al régimen retributivo del personal laboral al servicio de las entidades y sujetos incluidos en su ámbito de aplicación.

Este precepto tiene como objetivo habilitar a la Generalitat para autorizar, excepcionalmente, incrementos adicionales en la masa salarial de aquellas entidades que reciben subvenciones de naturaleza corriente, de carácter finalista y consolidables para poder atender adecuadamente los servicios públicos asociados a la transferencia finalista.

«Estamos hablando de trabajadores que prestan un servicio público básico como por ejemplo, los que trabajan en Ferrocarriles de la Generalitat. Es por ello, que desde el Consell buscamos todos los mecanismos a nuestro alcance para ampliar plantilla y mejorar los servicios nocturnos, la frecuencia y asegurar la calidad y seguridad del servicio», ha afirmado.

A continuación, el conseller se ha referido a la Disposición Adicional 11 referente al pago aplazado. «El Consell recurrió a esta figura desde finales de los años 90 hasta aproximadamente el 2011 y, aunque hoy ya no se utiliza esta modalidad, muchos de los contratos siguen todavía en vigor y generan obligaciones de pago que ha de atender este gobierno», ha indicado Soler.

La Cuenta General de 2018 recoge en la Cuenta 411 gastos derivados de contratos de obra con claúsulas de pago aplazado que ascienden a 532 millones procedentes de la anterior etapa.

En tercer lugar, Vicent Soler se ha referido a la Disposición Adicional 26 del régimen de carrera profesional horizontal del personal funcionario y laboral de las universidades públicas valencianas.

«Este Consell considera de justicia social la aplicación de la carrera profesional al personal de la Administración y al servicio de las universidades en las mismas condiciones, por ello se ha propuesto la implantación progresiva de la carrera en las universidades, 33% en 2017, 66% en 2018 y 100% para 2019; y así se recoge en la Ley de Presupuestos de 2018, siempre dentro de los límites que sobre retribuciones establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado», ha subrayado Soler.

Por último, el conseller de Hacienda se ha referido a la Disposición Adicional 30 respecto a los complementos específicos de los lugares de trabajo del cuerpo de médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses.

«Este incremento ha quedado absorbido por la distribución autorizada, mediante acuerdo del Consell de 12 de abril del presente año, del 0,25 de masa salarial adicional, con 270.000 euros destinados a la Conselleria de Justicia, por lo que el Ministerio no tendrá ninguna objeción», ha explicado Soler.

Por su parte, Rubén Ibáñez, diputado del PP grupo parlamentario que solicitó la comparecencia el pasado 25 de abril, ha reprochado que el Gobierno haya cuestionado por segundo año consecutivo artículos de las dos leyes «más importantes» del año, y que atribuyan «la culpa de todos los males» al PP, cuando 12 de las 25 comisiones bilaterales de los últimos cuatro años se han abierto con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido ha anunciado la presentación de una propuesta para que, cada vez que haya una comisión bilateral, el Consell comparezca en Les Corts para explicar las negociaciones y vuelva a hacerlo una vez concluya para informar del resultado.

Apreciaciones técnicas a la Ley de Acompañamiento

Entre estas apreciaciones figura el artículo de policías locales, Soler ha situado las discrepancias en el real decreto de jubilación anticipada y la necesidad de cubrir las plazas vacantes, con el objetivo de que los ayuntamientos pudieran nombrar funcionarios interinos de forma temporal, hasta final de año y sin poder llevar armas de fuego.

«Se trata de una medida temporal para paliar una necesidad coyuntural de una situación que deriva, entre otras, del rechazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 por parte del Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas catalanes, ya que esta ley preveía aplicar a la oferta de empleo de 2019 las bajas que se produjeran como consecuencia de la jubilación», ha lamentado Soler.

En el artículo 70 de tasas, los cambios pretendían regular las sanciones de calidad agroalimentaria, de forma «literal» al decreto de 1996. Ante un posible «solapamiento» de la norma autonómica sobre la posterior estatal de 2015, la Generalitat consideró que se podía reevaluar la regulación y establecer las infracciones «en una futura ley de calidad agroalimentaria, siempre dentro del respeto de competencias».

La tercera apreciación técnica ha sido la referida a la Disposición Adicional quinta a la Ley de Medidas que igualaba los complementos específicos de los odontólogos de unidades de apoyo de atención primaria, a los percibidos por los facultativos especialistas, según las tablas retributivas vigentes para cada anualidad, a partir del 1 de enero de 2019.

«El Estado ha entendido que por razones presupuestarias no era posible aplicar esta medida, dado que este colectivo ya se había beneficiado de un incremento del 2,25% en sus retribuciones, de forma que el incremento global se situaba ligeramente por encima del fijado en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 24/2018«, ha explicado Soler.