Banco Santander ha finalizado este fin de semana en Andalucía la integración tecnológica de las casi 1.600 oficinas de las que Popular disponía en toda España, con la migración completa de 3,5 millones de clientes activos a la plataforma de Santander. Este proceso se ha realizado de forma progresiva en ocho oleadas, comenzando el pasado mes de noviembre en Galicia y culminando este fin de semana en la comunidad andaluza.

El proceso de integración incluía también un plan de cambio de marca de las sucursales de Popular, tanto exterior como interior, que desde el momento de la migración tecnológica cambiaban para funcionar ya como una oficina de Santander a todos los efectos. Con lo que la culminación de este proceso supone también el fin de la marca Popular desde un punto de vista comercial, tras su desaparición jurídica en septiembre de 2018.

El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha mostrado su satisfacción con el proceso: “Hemos culminado con éxito, en el plazo previsto y sin incidencias, la integración tecnológica de Popular. Desde el primer momento nuestra obsesión fue cuidar al máximo al cliente y que el proceso de integración no impactara en su experiencia. Iniciamos ahora una nueva etapa con un renovado impulso comercial, y más y mejores productos y servicios para particulares y empresas en todos los canales”.

Andrea Orcel, el fichaje frustrado del nuevo consejero delegado, reclama al Santander 110 millones de euros por incumplimiento de contrato

Por otro lado, también es noticia la demanda que ha interpuesto en Madrid contra el Santander Andrea Orcel por incumplimiento de contrato al cancelar el banco su fichaje como consejero delegado. Orcel reclama 110 millones o su nombramiento en firme. La entidad financiera, sin embargo, defiende que el acuerdo no era más que una carta de intenciones supeditada a otras condiciones que supeditaban la firma del contrato, informaron a Efe fuentes jurídicas.

En virtud del preacuerdo, que fue comunicado mediante hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aunque sin entrar detalles, el Santander ofrecía a Orcel una prima de fichaje de 17 millones de euros y un sueldo similar al del actual consejero delegado, José Antonio Álvarez, unos 10 millones al año.

Asimismo, a fin de compensar el «bonus» pendiente del banquero de inversión italiano en su anterior puesto como ejecutivo de UBS, Santander estaba dispuesto a entregarle acciones de la propia entidad por un importe máximo de 35 millones, si bien la idea es que esta cuantía se redujera en el marco de la negociación con el banco suizo.

A finales del pasado septiembre, el Santander anunció que el italiano, banquero de confianza de la familia Botín, sustituiría como consejero delegado a Álvarez, designado vicepresidente ejecutivo.

La noticia se hizo pública para que Orcel abandonara su puesto en el banco de inversión y comenzara un periodo de desconexión antes de incorporarse al Santander; sin embargo, acumulaba un bonus diferido equivalente a siete años del sueldo millonario que percibía en UBS y del que la entidad española estaba dispuesta a asumir una parte.

A finales de 2018, UBS aclaró que no haría frente a bonus alguno, lo que elevaba hasta los 55 millones de euros la cantidad a abonar por el Santander para formalizar el fichaje del italiano, lo que el banco presidido por Ana Botín consideró inaceptable, de forma que renunció oficialmente al nombramiento y acordó mantener como número dos a Álvarez. EFECOM