CCOO advierte de la «precariedad» en la red de servicios profesionales a la dependencia

CCOO advierte de la «precariedad» en la red de servicios profesionales a la dependencia

En la Comunitat Valenciana son 80.902 las personas beneficiarias que perciben alguna prestación o servicio de ayuda a la dependencia. Más de la mitad (55,94%) tienen reconocida la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, lo que conlleva a una falta de profesionalización en la atención y los cuidados de las personas en situación de dependencia. Estas son las conclusiones a las que llega el informe sobre el Sistema de Atención a la Dependencia en la Comunitat presentado este jueves por CCOO PV.

«Existe una precariedad en la red de servicios profesionales a la dependencia», ha expuesto Ana Belén Montero, secretaria de política social en Comisiones Obreras. Ha expuesto que «el mayor reconocimiento de las prestaciones económicas del cuidador no profesional recae en las mujeres» y que «no existe una red pública de servicios» que pueda sustituir la atención familiar por lo que es preciso «continuar invirtiendo en la creación de estos recursos».

El resto de prestaciones, entre centros de día, centros residenciales y otro tipo de servicios como la asistencia personal, no llega al 40% del total de las prestaciones. «Es una tendencia que se debe invertir. Es necesaria la ampliación de atención residencial y centros de día», apunta el informe del sindicato.

Más de 23.000 personas en lista de espera

Actualmente, el Sistema de Atención a la Dependencia atiende en la Comunitat a 80.902 personas con una prestación reconocida, lo que supone «la mayor cifra histórica» de personas reconocidas como beneficiarias de ayudas en la región, señala Montero. Se ha experimentado un aumento significativo respecto a septiembre del 2015, que cifraba en 41.662 las personas atendidas.

Sin embargo, indica la responsable de política social que «queda mucho por recorrer» ya que sigue existiendo «una importante lista de espera». Resaltó Montero que hay 23.246 solicitudes de personas que tienen reconocido un grado de dependencia y que, sin embargo, «no están teniendo acceso a una prestación o servicio». Añadió que «hay que seguir incidiendo en esta problemática para lograr la plena implantación de la ley en nuestra comunidad».

En este sentido, apuntó que el nivel de implantación en nuestra comunidad respecto a otras ha sido históricamente «muy bajo» pero que en estos últimos años, la progresión reflejada en el informe evidencia una mayor determinación por agilizar la gestión y atajar las esperas, una importante reducción de prestaciones o servicios pendientes y un incremento mínimo del número de solicitudes no valoradas. En 2018, la Comunitat es una de las CC.AA. que mayor aumento de personas beneficiarias atendidas ha conseguido, pasando de 68.209 personas a 80.902.

Reivindicaciones de Comisiones Obreras 

Montero ha instado al nuevo gobierno del Botànic II a «tomar conciencia» de la importancia de resolver los expedientes en el tiempo que establece la norma, que es de 6 meses. Asimismo, la responsable ha reclamado la implantación de la prestación de Asistente Personal en el País Valenciano, que actualmente solo perciben 13 personas (el 0.02%).

«El desarrollo de la atención a la dependencia acusa especialmente el grave problema que supone la infrafinanciación autonómica», ha resaltado la secretaria de política social de CCOO y ha añadido que la Comunitat es de las tres comunidades, junto con Navarra y Andalucía, que menos inversión recibe del Estado. «En el Sistema de Atención a la Dependencia, nuestra comunidad solo recibe de la Administración General apenas un 16% del gasto público total, y la Generalitat Valenciana debe hacerse cargo del otro 84%», ha explicado.

Por otro lado, ha comentado que un aspecto novedoso que recoge el informe es la evolución de las altas en el Convenio especial de las cuidadoras no profesionales en el entorno familiar, que ha aumentado de forma considerable desde el mes de marzo. Un incremento que Montero atribuye a la reversión del recorte realizado en el año 2012. Las personas cuidadoras fueron obligadas a optar por asumir las cuotas a la Seguridad Social del convenio subscrito o causar baja en éste, al eliminarse el pago por parte de la Administración de la cotización a la Seguridad Social.

CCOO ha reivindicado de forma permanente una corrección de esta injusticia social que afectó «gravemente» a las trayectorias de cotización de las personas cuidadoras. Finalmente, en 2019 se ha restituido un derecho que nunca debió sustraerse. El informe recoge un aumento de 2.667 personas con convenio suscrito en un solo mes: de las 825 personas registradas en el mes de marzo a 3.492 en abril.

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