Turisme ha abierto un nuevo expediente sancionador a la plataforma de alquiler de alojamientos, Airbnb, por no incluir en su página web el número de registro de las viviendas turísticas de la Comunitat Valenciana. Este es el segundo expediente abierto contra la compañía tras un primero que acabó en una multa interpuesta por la Generalitat de 30.000 euros por la misma problemática.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València avaló la resolución del Gobierno valenciano al desestimar el recurso que presentó Airbnb en el que solicitaba la nulidad de la sanción de 30.000 euros por publicitar y comercializar por Internet alojamientos turísticos sin hacer constar el correspondiente número de registro. Esta sentencia, como apuntan fuentes de Turisme, ha vuelto a ser recurrida por la compañía americana al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ahora Airbnb se enfrenta a una nueva sanción que esta vez, de acuerdo a la Ley de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, podría ser mucho mayor. «Se han multiplicado por 20 la cuantía de las sanciones a las faltas muy graves. Se ha hecho pensando en los grandes operadores globales que en muchas ocasiones comercializan de manera irregular viviendas, lo que genera el intrusismo y la competencia desleal», ha expuesto hoy Francesc Colomer, secretario autonómico de Turisme, en la presentación de una campaña junto con Fevitur para promover las viviendas turísticas regladas.

De este modo, la infracción de la plataforma online de alquiler está tipificada en la Ley aprobada en junio del año pasado como infracción muy grave, con lo que la multa puede oscilar entre los 100.001 euros hasta 600.000 euros. «Las sanciones lanzan un mensaje de no impunidad», ha resaltado Colomer quien, a su vez, apunta que «la Comunitat Valenciana es la más dinámica de España en hacer cumplir la ley».

En este sentido, ha recordado que son cuatro las sentencias favorables que suma la Generalitat contra plataformas de alquiler de apartamentos. A parte de la de Airbnb, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia se pronunció en noviembre de 2017 a favor del Gobierno valenciano desestimando el recurso presentado por la empresa Homeaway, sentencia que se repitió también ante los recursos interpuestos por Rentalia y por Windu.