Los peritos judiciales y los expertos designados por las partes abordan esta semana en el juicio por la salida a bolsa de Bankia las cuentas del primer trimestre de 2011, que sirvieron para elaborar el folleto de la emisión.

Tras dos semanas de intensos debates e intercambio de pareceres, a veces en tono áspero, la docena de expertos ha dado por concluido el análisis de las circunstancias en las que se formó el SIP o fusión de cajas que dio lugar a BFA-Bankia.

Los dos peritos –Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets– designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Fernando Andreu, han defendido en las dos últimas semanas que las cuentas no «reflejaban la imagen fiel» de Bankia en su salto al parqué, y presentaban anomalías en el proceso de integración de las siete cajas.

De su testimonio ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se desprende que el grupo debería haber estado capitaneado por Caja Madrid al ser la de mayor tamaño; sin embargo, se fundó una matriz inédita, BFA, a fin de poder poner los activos de las cajas a valor razonable y cargar los ajustes contra reservas.

Criterio que contravendría la normativa contable, ya que los balances de las cajas tenían pérdidas incurridas que se tenían que haber dotado contra resultados, lo que habría supuesto aflorar millones de pérdidas que se conocieron con posterioridad.

Frente a ellos dos, una decena de expertos y catedráticos propuestos por BFA-Bankia, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, o el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que han tratado de rebatir los argumentos de los dos peritos judiciales, han defendido el proceso de fusión, la solvencia de todas las cajas y el papel de los administradores, a los que en todo momento respaldó el Banco de España.

A partir de ahora el careo se centrará en los detalles del objeto del juicio, la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011, para cuyo folleto de emisión se emplearon las cuentas del primer trimestre de 2011, muy cuestionadas por los dos peritos judiciales.

Ambos comparecen a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos gestores de Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por presunta estafa a inversores.

Delito al que suman el de supuesta falsedad contable las acusaciones particulares y populares, como la que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que solicita hasta doce años de prisión para una treintena de exdirectivos del grupo financiero y el socio auditor.