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El Tribunal de Cuentas desestima la demanda del Consell por la compra de Valmor

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El Tribunal de Cuentas ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por la Generalitat contra las exconselleras Dolores Johnson y Trinidad Miró, y otros cuatro ex altos cargos del Consell, por la compra de la empresa privada que organizó la Fórmula 1 en València, Valmor Sports, por un euro y la consiguiente asunción de una deuda cercana a los 24 millones.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se condena al pago de las costas procesales a la Generalitat y a la empresa pública Circuito del Motor por haberse desestimado sus pretensiones “sin que se aprecie que el asunto presentaba serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no imposición de las mismas”.

Esta causa tuvo su origen en una denuncia presentada por Compromís en septiembre de 2013, que se transformó posteriormente en una reclamación de reintegro instada por la Generalitat, a través de la empresa pública Circuito del Motor y por la cual la Administración autonómica reclama el pago de esos 24 millones a Johnson, José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón.

Subsidiariamente, la Generalitat reclamaba 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.

Según expuso la Abogacía de la Generalitat en su reclamación, la adquisición de Valmor Sports fue “más allá de lo autorizado por la junta de accionistas” de la sociedad pública Circuito del Motor, cuyo acuerdo “solo preveía un desembolso de 0,99 euros” sin que existiese “una previsión de desembolso mayor”.

En este sentido, argumentó que “nunca debió de proponerse a la junta de accionistas la adquisición de Valmor a sabiendas de que tenía un valor contable negativo”, como era unos pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6 millones, a juicio de la Generalitat, por lo que a su juicio existió una “gravísima negligencia”.

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