La plataforma “Riders x drets”, Intersindical Valenciana y “No + Precarietat” organizaron en la tarde de ayer una concentración de protesta ante las oficinas de Glovo en València tras el fallecimiento de un compañero el pasado fin de semana mientras realizaba un reparto en Barcelona.

Las cerca de 30 personas que acudieron a manifestarse denunciaron «el mal trato» que sufren los repartidores de estas empresas y algunos de los participantes empapelaron la puerta de la sede y quemaron las mochilas de la empresa en señal de protesta.

“Exigimos justicia” explicó el portavoz en València de la Plataforma Riders per drets y ex trabajador de Deliveroo y Just Eat, Carlos Iglesias, “se trata de la primera muerte de un rider en España, pero a nivel mundial es la cuarta en lo que llevamos de mes, que se añaden, lamentablemente, a la innumerable lista de fallecidos a lo largo de todo el mundo” denunció el portavoz.

Según comentó Iglesias a Economía 3, los repartidores están expuestos a múltiples riesgos, principalmente a accidentes de tráfico. Para el colectivo el principal problema de la siniestralidad es el sistema de ranking basado en la excelencia: la aplicación permite al cliente valorar el servicio “escogiendo unas estrellas según su nivel de satisfacción, de una forma muy sencilla y rápida, pero con una seria repercusión laboral para el trabajador que genera mucha presión y más o menos pedidos, por lo que repercute en sus ganancias”.

Un policía acude al lugar de la protesta tras la quema de mochilas de reparto, llevada a cabo por miembros de estos colectivos| Efe/Ana Escobar

Los riders trabajan por encargo y cobran de media unos cuatro euros por pedido. Un sistema informático basado en inteligencia artificial determina qué rider es mejor para cada envío. Esto en opinión de Iglesias, aumenta su presión, ya extrema, porque según explicó “hay más trabajadores que volumen de pedidos, porque lo que busca la empresa es la disponibilidad total”. Todos estos factores empujan a los repartidores a tomar más riesgos, ir más rápido e incluso “conducir de forma temeraria para poder llegar a fin de mes”, añadió el portavoz del colectivo.

 La práctica de cesión de cuentas es cada vez más habitual y ha generado un mercado negro por el que se pueden llegar a pagar hasta 1.000 euros por el alquiler de una licencia 

Por otro lado, Marco Llerena, miembro del secretariado de Intersindical Valenciana, advirtió acerca de la escasa remuneración que obtienen los trabajadores de empresas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. “Si un chaval saca 400 euros un fin de semana y paga la cuota de autónomos, paga por trabajar”, denunció.

A raíz del trágico fallecimiento del repartidor en Barcelona, UGT emitió un comunicado en el que urgía al Gobierno a regular las plataformas de reparto, a las que acusó de “ofrecer trabajo abusivo e inseguro”. En el texto, el sindicato denunció la situación de los repartidores, que «hacen su trabajo, precario, sin protección y con graves consecuencias sobre su salud, como se ha demostrado lamentablemente en esta ocasión».

UGT resaltó el alto grado de siniestralidad que se produce en este sector ya que, según afirma, los repartidores recorren entre 60 y 80 kilómetros diarios en bicicleta y cuando tienen un accidente «en la mayoría de los casos no son tratados como un accidente laboral, como correspondería, sino como enfermedad común”.

Cesión de licencias

La muerte del “Glover” en Barcelona evidenció otro de los problemas de este modelo de negocio. “La cesión de cuentas es algo habitual, principalmente en Barcelona. Hay montado como un mercado negro, se llegan a pagar 1.000 euros por licencia y hay una situación de mercadeo”, expuso Iglesias. A lo que el representante de Intersindical Valenciana añadió que existe una parte “importante” del colectivo rider que para ganar “algo más” comercian con las licencias. “La mayor parte son personas en situación de irregularidad laboral”, apuntó.

Algunos de ellos, los que tienen papeles y permiso de residencia son los que pueden hacerse autónomos. Se hacen la cuenta de Glovo, se dan de baja y alquilan la cuenta a los que no tienen papeles. “El problema es que esas empresas son un descontrol enorme, porque nadie vigila nada, es un poco caótico y disfuncional”, sentenció Iglesias. En este sentido, coincidió Llerena en señalar que existe una alta desregularización en el sector y que la solución pasa por establecer un convenio colectivo.

Glovo pide una nueva normativa para «riders»

En Economía3 intentamos contactar con la empresa española Glovo  y se negó a prestar declaraciones sin embargo, en un comunicado emitido este lunes, apuntaron a que los “glovers” cuenta con un seguro privado, pero que en el caso del repartidor fallecido no figuraba como trabajador de la empresa. Además, anunciaron que combatirán la práctica ilegal de cesión de cuentas a terceras personas, poniendo a disposición de los usuarios y establecimientos mecanismos para denunciar estos casos.

Por otra parte, según informa Efe, la empresa Glovo ha reclamado este miércoles una nueva regulación laboral en España en la que puedan encuadrarse los repartidores de las plataformas digitales debido a la existencia de sentencias contradictorias, ya que la empresa acumula cuatro fallos a favor y cinco en contra. La compañía ha informado en un comunicado de que la última resolución judicial sobre la vinculación laboral con sus repartidores publicada este miércoles ha sido favorable para sus intereses. La última sentencia ha llegado de un juzgado de primera instancia de Barcelona, en la que se detalla que la relación de Glovo con los repartidores «no es de carácter laboral».

A la espera de una sentencia

En el caso de València, esta pendiente la resolución del juicio en el que CC.OO denunció a Glovo en diciembre de 2018 ante el dictamen de Inspección de Trabajo, en el que establecía como falsos autónomos la situación de los 200 trabajadores de Glovo en València.

Las miradas también se dirigen al juicio del viernes iniciado a instancias de la Tesorería de la Seguridad Social en Madrid contra Deliveroo, a la que reclama el pago de 1,2 millones de euros en cotizaciones por considerar que más de medio millar de sus repartidores son «falsos autónomos».