A lo largo de sus veinte años de existencia,  Fepeval ha tenido tres presidentes: Vicente Planells  de Asivisa (Xirivella); Miguel Martí, de Acefides (Alaquàs-Aldaia); y nuestro entrevistado, Santiago Salvador, presidente también de Asivalco (Paterna) y de la Confederación Española de Áreas Empresariales (Cedaes), además de ser un gran defensor e impulsor del asociacionismo empresarial.

Fepeval comenzó su andadura con diez asociaciones y veinte años después da respaldo a 40 asociaciones empresariales, 150 polígonos, que agrupan a 6.000 empresas  y que dan empleo a alrededor de 150.000 trabajadores en la Comunitat Valenciana. Entre sus grandes reivindicaciones, tal y como ha quedado claro a lo largo de esta entrevista, la puesta en marcha de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), que implica la colaboración público-privada entre ayuntamientos y áreas empresariales y que recoge la nueva ley de Áreas Empresariales, la elaboración de un mapa industrial, la implantación de planes de seguridad y la reducción de la burocracia, entre otros aspectos.

Por ello, Santiago Salvador reclama apoyo tanto de las administraciones locales y autonómicas, además del apoyo económico, les pide que «contribuyan a comunicar la conveniencia de la aplicación de la ley y de sus beneficios».

– Este crecimiento ha propiciado la puesta en marcha de una nueva junta directiva…

– Más importante aún. Hemos cambiado los estatutos de Fepeval.

– ¿Con qué objetivo?

– Se ha debido a una situación de crisis de crecimiento. No es lo mismo dirigir una organización con diez o quince asociaciones que una con cuarenta en las que nos reuníamos prácticamente los 40 y no era nada resolutivo a la hora de alcanzar acuerdos. Ahora hemos creado una junta directiva -que integra un comité ejecutivo- formada por quince miembros y nos reunimos trimestralmente y los 40 representantes lo haremos una o dos veces al año.

– ¿Cada uno de los miembros de la Junta Directiva tiene una función en concreto?

– Estamos estudiándolo. Lo que si hemos definido son una serie de objetivos y tenemos que analizar cómo nos organizamos para conseguirlos.

– ¿Qué objetivos son?

– Hemos conseguido un logro impresionante en toda España, la primera Ley de Áreas Empresariales que está integrada por 43 artículos pero está en un cajón, hay que desarrollarla e implementarla y hay que ponerla en marcha. Por lo tanto, hace falta voluntad política y que los ayuntamientos y las empresas la apliquen. Y, por otro lado, necesitamos  un poco de “gasolina”. Es decir, tenemos el coche pero no tenemos gasolina.

Uno de los objetivos principales que establece la ley es que haya una mayor colaboración público-privada y que se debe materializar en la Entidad de Gestión y Modernización (EGM), una entidad en la que el papel de los ayuntamientos es crucial.

Santiago Salvador, en la sede Asivalco, de la que también es presidente | Imagen: Archivo E3

La ley trata de trasladar los casos de éxito que se conocen actualmente como pueden ser Elche Parque Empresarial, Fuente del Jarro… al resto de áreas empresariales de la Comunitat Valenciana.

Hay que tener en cuenta que el área industrial es el último barrio de cada ciudad y para revertir esta situación hace falta la colaboración público-privada. El área industrial es un espacio que hay que gestionar entre las empresas y los ayuntamientos y no puede ser llevado ni solo por los ayuntamientos, ni solo por las empresas.

Estos “barrios” de los municipios son algo muy complicado de gestionar y gracias a la ley, que establece la colaboración público-privada, las entidades y los ayuntamientos se van a implicar por ley en las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). Se trata de un nuevo paradigma que conlleva un cambio en la forma de pensar de ayuntamientos, técnicos y empresas. En definitiva, una revolución que va a costar mucho.

En concreto, lo que queremos es que ya que tenemos el coche, queremos la gasolina y no solo a través de la financiación sino que también es necesaria la voluntad política.

Además, los 40 o 50 años de historia han demostrado el desastre que existe en la gestión de las áreas industriales y pensamos que este modelo sí que es el adecuado.

– Pongamos un ejemplo, partamos de una asociación voluntaria de empresarios. ¿Cuáles son los pasos que debería dar?

– Lo que tiene que hacer es instar al Ayuntamiento a poner en marcha la EGM. Hay que recabar todos los datos reales de los propietarios de cada parcela y de cada nave industrial, establecer y negociar un convenio de colaboración entre la zona industrial y el Ayuntamiento.

– ¿Qué información debería recoger ese convenio?

– Debería recoger los estatutos, la aprobación de la creación de la entidad, un plan de actuación… y  la EGM deberá tener una duración máxima de veinte años. Cuando se haya acordado todo lo anterior y se haya aprobado en el pleno del Ayuntamiento quedará constituido la EGM.

Aunque el mayor requisito es que el 51% tanto de la totalidad de las personas titulares como el 51% de la superficie ratifiquen la EGM. Si las empresas no la aprueban no saldrá a adelante. Es decir, debe haber una mayoría absoluta democrática. Es absoluta porque no es el 51% de los que hayan ido a la reunión, sino el 51% de todo el polígono. El que no viene a la reunión es como si votase en contra.

Quería aclarar también que el gran problema con el que nos encontramos es que el 80% de las asociaciones de empresas que existen en la Comunitat Valenciana son voluntarias y  del 100% de las empresas que los integran, solo pagan los gastos de seguridad, etc., un 25% o un  30%.

Con lo cual, la nueva ley, si se aprueban todos los pasos, obligará a todo el mundo a contribuir económicamente como si fuera una comunidad de propietarios.

Última Asamblea General celebrada en Algemesí. En la imagen, la mayor parte de gerentes y representantes de las 40 entidades asociadas | Imagen: PBM Comunicación

– ¿La puesta en marcha de la EGM conllevaría un aumento de la cuota que pagan las empresas que están integradas en asociaciones empresariales?

– No tiene por que. En Fuente del Jarro, por ejemplo gracias a nuestras cuotas, Asivalco presta una serie de servicios  a sus empresas que algunos de ellos corresponderían al Ayuntamiento. Pero, en principio, la puesta en marcha de la EGM no debería  un incremento de las cuotas.

De los 740 polígonos que hay en la Comunitat Valenciana, solo 15 o 20 son entidades urbanísticas. Esto quiere decir que es obligatorio desde el minuto uno pagar una cuota como ya lo hacen Asivalco, Parque Tecnológico y pocos más.

También hay asociaciones voluntarias como la de Moncada en las que solo contribuye entre el 20 y el 25% de las empresas. Lo peor de todo es que el 90% de los polígonos no tienen ninguna asociación, no tienen a nadie que les represente.

Por ello, queremos crear entidades de gestión similares a las comunidades de vecinos. Esta es la gran revolución de la nueva ley que deben llevar a cabo los ayuntamientos y las empresas.

– ¿Cuáles son las ventajas de la nueva ley?

– Para los ayuntamientos significará que contará con único interlocutor en vez de a cada uno de los empresarios que hay en su municipio.

Otra de las grandes ventajas es que se trata de una cuestión muy abierta. El convenio puede reflejar todo aquello que consideren de interés tanto los empresarios como los ayuntamientos. Las normas las tienen que fijar ellos.

– ¿La norma establece los temas que deben ser regulados en dicha colaboración público-privada?

– No existe ningún corsé. Cada área industrial y cada ayuntamiento es un mundo. El convenio debe recoger lo que acuerden ambas partes. Ellos mismos se pondrán las obligaciones que quieran. No hay nada establecido, incluso los gastos que consideren.

– ¿Podríamos definir qué gana tanto el Ayuntamiento como la empresa?

– El Ayuntamiento gana un interlocutor de las zonas industriales del municipio y la mejora de las decisiones tanto de los ayuntamientos, los industriales y la sociedad. Hay que reconocer que las empresas y los empresarios crean empleo y pagan impuestos. En tanto en cuanto los ayuntamientos y las empresas alcancen acuerdos será beneficioso para ambos.

Además la EGM también es una forma de integrar el área industrial en la ciudad y que los vecinos sean conscientes de su importancia.

De hecho, de las 40 asociaciones que pertenecen a Fepeval, alrededor de 13 tienen alguna forma de organización.

– ¿Como presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales (Cedaes) estás exportando esta ley pionera fuera de la Comunitat Valenciana?

– Sí, por supuesto, de hecho otras comunidades autónomas están muy atentas sobre cómo se está desarrollando esta ley para aplicarla en sus territorios. Concretamente, en la Región de Murcia ya ha salido otra ley semejante a la valenciana en este mismo sentido.

Partimos de la base de que los problemas que tenemos las áreas industriales en la Comunitat Valenciana o en la Región de Murcia son idénticas al resto de España.

– ¿Cuáles son los problemas más acuciantes que tienen en estos momentos los polígonos

– El mayor de ellos, tal y como reflejan las encuestas que hemos realizado, es el burocrático. Los empresarios achacan la lentitud de las administraciones públicas. El segundo  más habitual es el de la seguridad.

Uno de los aspectos que perseguimos desde hace muchos años es un mapa industrial, aunque era un propósito de la Conselleria de Economía Sostenible, pensamos que no se está encargando a las personas más expertas. Nosotros porque somos los que lo sufrimos y lo vivimos, sí que sabemos qué problemas tienen exactamente en cada área industrial.

Nos gustaría que se definiera cada área industrial teniendo en cuenta dos cuestiones: las infraestructuras y los servicios con los que cuenta cada una de ellas. Estos dos aspectos nos parecen fundamentales  ante la llegada de posibles inversores con unas necesidades concretas de suelo, servicios, infraestructuras…

La falta de esta información genera problemas como polígonos desiertos en España, que cuentan con todas las infraestructuras necesarias y, sin embargo, solo hay una implantación empresarial del 40% y nadie es responsable de haber invertido cantidades de dinero en dichas infraestructuras. Por ello, es muy necesario contar con buenas fuentes de información y si no las hay, que se lleven a cabo pero por parte de aquellas personas o entidades que conozcan el problema.

– Otros aspectos a los que podría contribuir la puesta en marcha de la EGM es la movilidad, uno de los grandes problemas de las áreas empresariales…

– Efectivamente, además de la movilidad, otro de los problemas que más preocupan es el de la seguridad, pero relacionada con riesgos laborales o incendios… Se trata de cuestiones que perseguimos como una cuestión prioritaria. Es decir, recomendamos la importancia de que se realicen planes de seguridad para que, en caso de accidentes, haya una solución rápida y adecuada y los daños que puedan darse sean los menos posibles.