Estas son las principales demandas del sector:

Pacto de Estado por la vivienda

La Apce aboga por acuerdos entre las fuerzas políticas que vayan más allá de una legislatura para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y las clases más desfavorecidas.

Más seguridad jurídica

La gestión del suelo requiere que el marco legal tenga una continuidad, por lo que no son bienvenidas modificaciones cada pocos años por las «ansias de regulación de cada nuevo Gobierno», según Gómez-Pintado. El presidente de la Apce advierte de la retirada de inversiones internacionales si se acometen cambios en la fiscalidad de las sociedades de inversión inmobiliaria, socimis.

Acelerar el «Plan 20.000»

La Apce aplaude el plan del Gobierno para constituir un nuevo parque público de vivienda de alquiler social con 20.000 inmuebles, pero pide que se reduzca el plazo previsto de seis años.

Más presupuesto para el Plan de Vivienda

La dotación presupuestaria para el Plan de Vivienda estatal le parece a Gómez-Pintado «absolutamente insuficiente».

Alcanzar las 50.000 VPO al año

La media anual de viviendas de protección oficial era de 75.000 viviendas y bajó a menos de 5.000 en los últimos años, según el presidente de la Apce, que insta a recuperar un volumen «razonable» de 50.000.

Fomento del alquiler

Gómez-Pintado cree que los recientes decretos de medidas urgentes sobre vivienda están orientados a los pequeños tenedores, sin fomentar la participación de las empresas para incrementar el ratio de viviendas en arrendamiento.

Liberar el suelo «cautivo»

La Apce quiere que los ayuntamientos agilicen la disponibilidad de suelo residencial.Planes urbanísticos flexibles

Los planes generales de ordenación urbana se hacen para varios lustros y, según Gómez-Pintado, carecen de ventanas para modificaciones rápidas cuando cambian las circunstancias económicas y sociales.Reducir la carga burocrática

A juicio de la Apce, la tramitación por los ayuntamientos podría hacerse con más celeridad, ya que las licencias de obra nueva suelen demorarse un año y las de primera ocupación hasta seis meses.

Retirar la reserva de suelo finalista

La Apce se opondrá a las reservas de vivienda protegida o social sobre el suelo finalista al entender que ya están fijadas en la ley en el reparto de cargas de cada plan urbanístico.

Promover la FP dual

Los constructores echan en falta mano de obra cualificada y advierten del «ajuste severo» al que puede llegar el sector cuando alcancen la edad de jubilación los trabajadores que ahora superan los 50 años. Gómez-Pintado quiere hacer la profesión «más atractiva» para que tenga un «efecto llamada» entre los jóvenes. Para ello, considera adecuado potenciar la Formación Profesional dual, que combine los estudios con las prácticas.

Hacer más frecuente la industrialización

La construcción de viviendas en fábrica, habitual en otros países, tiene que generalizarse en España en los próximos años, «rompiendo tabúes» y huyendo de la «connotación» asociada a las casas prefabricadas.