Este mes se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, la cual obliga a contratar de forma electrónica. Pese a que la ley que obliga a la contratación electrónica lleva ya en marcha un año, todavía queda mucho trabajo por hacer para que haya una implantación efectiva de la misma, apenas el 52% de los contratos públicos se tramitan por medios electrónicos.

En este contexto, se celebró ayer en Sevilla el IV Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica que reunió a expertos en modernización de la Administración Pública, quienes coincidieron en señalar la ausencia de un modelo nacional como el principal obstáculo para la implementación efectiva de la contratación pública electrónica.

“La falta de liderazgo y la resistencia al cambio”, han sido las dos grandes razones aducidas por José Mª Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y co-director del Observatorio de Contratación Pública, para explicar, que todavía en este momento, ni la mitad de las contrataciones del sector público se hagan de forma electrónica.

Otro problema al que se ha hecho referencia tiene que ver con el sistema de organización de la administración. Según José Antonio Moreno Molina, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla- La Mancha y co-director del Observatorio de Contratación Pública, “hay problemas estructurales difíciles de abordar en la organización”. Por otra parte, la Unión Europea lanzó en 2017 la recomendación de profesionalización en el ámbito de la contratación pública, “pero luego esto no se traduce ni en los órganos de contratación ni en el sector privado”, asegura Moreno Molina.

José Luis Arístegui, miembro de la Comisión de la Agenda Digital, ha asegurado que “no hay medios suficientes para una buena aplicación de la ley por parte de los órganos de contratación en administraciones públicas de mediano y pequeño tamaño”. El también director general de Vortal Connecting Business en España, también ha hecho referencia a que “no existe un modelo para la implementación efectiva de la contratación pública electrónica y no se está dotando a los funcionarios de las herramientas necesarias, ni de los medios necesarios para su formación en la materia”.

Objetivos de la contratación pública electrónica

Según han apuntado en el congreso, la contratación electrónica es una garantía de transparencia y eficiencia porque a través del uso de plataformas electrónicas, los procesos de adquisición se controlan en todas sus etapas y se puede comprobar el uso de la información y los tiempos en todo momento.

Además, se abre la oportunidad a más licitadores de participar con independencia de los criterios de selección, favoreciendo la concurrencia. Los objetivos son reducir la burocracia y las cargas administrativas, y contribuir a la erradicación de la corrupción ya que suprime la posibilidad de la contratación sin publicidad y obliga a la factura electrónica.