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El Tribunal Central anula las obras del TSJCV adjudicadas a la empresa pública Tragsa

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado que la encomienda de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras "no es una adjudicación a dedo"

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado parcialmente un recurso de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de la patronal valenciana de constructores, contra el encargo de la Conselleria de Justicia a Tragsa para la reforma del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El tribunal considera que el objeto social de la empresa pública Tragsa se circunscribe al ámbito rural, forestal y agrario, y no a las obras de construcción o reforma de edificios en zonas urbanas, según una resolución del 18 de febrero.

El pasado 30 de noviembre el pleno del Consell autorizó a la Conselleria de Justicia a encargar a Tragsa la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que supondrían una inversión de casi 25 millones de euros y su ejecución se prolongará hasta 2021.

La adjudicación a Tragsa obedece a la ley de Contratos del Sector Público, que exige la autorización del Consell para poder realizar encargos a los entes que se consideren medios propios de la Generalitat, como es el caso de Tragsa, cuando el valor del encargo supere los 12 millones.


El objeto social de Tragsa “no puede verse ampliado por vía interpretativa” para incluir obras en sectores ajenos


Según la resolución del Tribunal Administrativo, una enumeración “tan detallada y minuciosa” del objeto social de Tragsa como la que se ha establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP “no puede verse ampliado por vía interpretativa” para incluir obras en sectores totalmente ajenos a los contemplados y sin relación alguna con ellos, máxime si se tiene en cuenta que cuando el legislador ha querido establecer excepciones a dicho ámbito rural, lo ha hecho expresamente.

Según la CNC, la Administración y Tragsa invocan la normativa aplicable a la sociedad estatal para justificar el encargo (razones de seguridad pública, de urgencia y la circunstancia de que haya quedado desierta la anterior licitación pública), y entienden que el objeto social de Tragsa sí ampara la ejecución de las obras objeto de encargo.

El Tribunal Administrativo declara que no se aprecia mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de multa. Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo dos meses a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación.

Justicia defiende que la adjudicación “no fue a dedo”

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado este jueves que la encomienda de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras en la sede del TSJCV “no es una adjudicación a dedo” y se tramitó según la Ley de Contratos.

Según ha explicado, desde la Conselleria se tramitó la licitación del proyecto y de la dirección de obra de la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano, un pliego “complejísimo“, cuya adjudicación tardó más de dos años y a la que solo se presentaron dos empresas, informan desde la Generalitat. A dicha adjudicación, ha precisado, “solo se presentaron dos empresas“, una de las cuales se retiró y la segunda fue rechazada en la mesa de contratación por falta de solvencia técnica.

Ante esta situación, la importancia del edificio, la “urgencia” de su remodelación y de que “no queríamos volver a iniciar los trámites” que ralentizaran de nuevo el proyecto, ha indicado Bravo, se encomendó a Tragsa, empresa pública del Estado, la dirección de obra, el proyecto y su ejecución.


“Habríamos optado por la concurrencia pública pero estos problemas nos abocaron a tomar esa decisión”


Habíamos optado por la concurrencia pública pero estos problemas nos abocaron a tomar esa decisión“, ha añadido, y ha recordado además que optaron por Tragsa porque había trabajado además en la restauración de la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid.

Ahora bien, ha precisado que no es una “adjudicación” sino una encomienda de gestión contemplada en la Ley de Contratos, que se tramitó “en todos los términos” que establece esta ley, con los informes técnicos y jurídicos de la Abogacía del Estadopara justificar que dentro del objeto social de Tragsa se podía asumir la dirección del proyecto, la obra y la ejecución de la misma“.

Por otro lado, la portavoz de Justicia del PP en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha exigido a la consellera de Justicia que asuma responsabilidades “de inmediato“, entre ellas la dimisión, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado las obras de la sede del TSJCV. EFE

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