El comité de empresa de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) ha celebrado una concentración en Valencia con el objetivo de reclamar soluciones justas que pongan fin a la precariedad laboral, y exigir marcos normativos adecuados a su actividad investigadora y gestora. Los trabajadores de la Fundación se unen así en las reivindicaciones iniciadas por el IIS La Fe en el mismo sentido de reclamar estabilidad laboral.

Los sindicatos denuncian que actualmente un 82% del personal tiene contrato temproal, entre los cuales destacan casos flagrantes ‘por obra y servicio’ que superan más de 3 años. Además, hay contratos en diversos casos de fraude de ley, derivados de la concatenación de contratos temporales de diversa índole para la realización de labores idénticas a lo largo de los años y que cubren necesidades estructurales reales de Fisabio.

Esta fundación cuenta con una plantilla de alrededor de 425 personas, de las cuales sólo 77 disponen de contratos indefinidos (siendo personal de investigación únicamente 16).

El marco legal establecido por la Ley de Presupuestos Generales para 2018 del Gobierno español y la Ley autonómica de presupuestos no respetan los derechos laborales adquiridos previamente y de forma legal por los/as trabajadores/as de FISABIO. Entre otros aspectos, no se establecen medidas reales para la estabilización del personal que ya superó en su momento un proceso selectivo previo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, cuya situación sigue sin regularizarse y mantienen un contrato temporal fraudulento.

El comité de empresa señala en un comunicado que «la precariedad laboral afecta no sólo al tipo de contratación laboral y su estabilidad, también a las condiciones salariales y de desarrollo de la carrera profesional, actualmente inexistente». ^Por todo ello, acusa, es «muy difícil retener el talento en la Comunidad Valenciana y hacer una actividad investigadora de calidad».

Los trabajadores de Fisabio reclaman medidas para acabar con esta situación en un sector «tan dinámico y necesario como el de la I+D+i, que tiene sus propias necesidades y particularidades, y no puede ser tratado como una Administración Pública al uso».

El comunicado concluye que el personal de Fisabio se ha cansado «de promesas incumplidas, de marcos legales inmorales, irreales, injustos e ineficientes, de decisiones normativas que muestran el desconocimiento y del desprecio del legislador hacia el sector de la investigación y su gestión».