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Alejandro Landaluce, director general de Cejuego

“Es falso que el sector del juego haya crecido mucho y de forma desordenada”

La patronal nacional del sector ha comparecido hoy en el SH Hotel para trasladar sus quejas sobre el proyecto de Ley del Juego del Consell

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El director general de Cejuego, Alejandro Landaluce (segundo por la izquierda) junto a miembros del comité de dirección, esta mañana en el SH Valencia Palace. | Foto: José Ignacio Ferrer

La alarma causada por la próxima Ley del Juego de la Generalitat en el sector ha hecho que esta mañana compareciesen ante los medios el director general de la patronal nacional CejuegoAlejandro Landaluce, acompañado del resto de miembros de la Junta Directiva. Landaluce afirma que el Consell pretende poner en marcha la ley “sin haber contado con el sector, la normalidad sería que se escuchara a todas las partes”. Además, ha hecho hincapié en que “la percepción social es que el sector ha crecido mucho, incluso de forma desordenada; sin embargo, según datos de la Conselleria de Hacienda, se juega un 26% menos que en 2007. Los juegos online y los salones de juego, que son una competencia estatal, se regularon en 2012, y por eso existe esa percepción”.

Según los números que Cejuego ha aportado, en 2007 se jugaron 863 millones en la Comunitat, y en 2017, 638. “Son los medios los que dan sensación de crecimiento, cuando han caído las máquinas recreativas, los bingos y los casinos”, ha explicado Landaluce.

El Proyecto de Ley del Juego de la Comunitat ha incluido ciertas enmiendas presentadas por los distintos partidos políticos, muchas de ellas procedentes de partidos que forman parte del Pacto del Botànic, por lo que el director de la patronal ha acusado al Consell de “autoenmendar su propia Ley”.

Entre las enmiendas presentadas, se encuentra la de poner dispositivos de activación en las máquinas recreativas, que permanecerían inactivas hasta que el cliente solicitara al dueño su puesta en marcha, tal y como sucede con las máquinas de tabaco. Los dispositivos deberían instalarse en un plazo de tres meses -en el caso de las máquinas de tabaco el plazo fue de 18-, por lo que los empresarios del juego juzgan la medida como “inviable”.  Debido a que “el juego presencial es el que tributa en las CC.AA.”  yen la práctica, “las máquinas podrían desaparecer durante más de un año”, Cejuego calcula que la Comunitat dejaría de ingresar más de 66 millones de euros.

Otro aspecto que centra las quejas del sector es el relativo a las máquinas de apuestas instaladas en locales de hostelería. Estas máquinas “fueron autorizadas en 2012 con una tributación del 10%. A partir de ahí, se contemplaron inversiones a 10 años y ahora la Ley pretende cambiar la tributación al 20%. Es como cambiar las reglas a mitad de partido. Además, la Comunidad más cercana que tributa es del 12%”. De prosperar las enmiendas, no se permitiría la renovación de las máquinas una vez que acabe el periodo de vigencia de su autorización, lo que supondría la prohibición de facto de esta modalidad de juego que reportó a la Comunitat en 2018 ingresos tributarios de más de 13 millones de euros.

Por último, Cejuego considera particularmente grave la cuestión de las distancias entre los salones de juego. Landaluce ha denunciado que “en un principio situaron en 1.000 metros la distancia entre los salones, y después las pasaron a 700. Las medidas, además, tendrían efecto retroactivo”.  Han pedido que se garantice la seguridad jurídica de los establecimientos ya instalados, puesto que de lo contrario implicaría la práctica inviabilidad de la renovación de un gran número de salones. Incluso calculan que, una vez entrara en vigor esta nueva distancia entre salones, podrían desaparecer más del 50% en la Comunitat, sobre todo en los centros de las ciudades, donde más próximos se encuentran entre sí.

“Somos un sólo sector, en parte público y en parte privado”

Los miembros de Cejuego también han resaltado que el proyecto de Ley fomenta el juego público. “El sector es sólo uno, con una parte de titularidad pública y otra privada”. Han puesto el acento en que si entra en vigor, “prescinde de pedir autorizaciones a Loterías y la ONCE para poder introducir sus máquinas en hostelería”.

“Las reglas deberían ser las mismas para todos. Estamos a favor de un sector del juego planificado y ordenado, pero no parece lógico que la Comunitat quiera limitar el juego privado, que es precisamente el que más contribuye económicamente, para potenciar el juego público, de competencia estatal, y además prescindiendo de todo control sobre qué juegos se ofertarán y dónde se instalarán. Esto podría hacer que, en un futuro, se instalen terminales con rascas de la ONCE, o de quinielas, por ejemplo, en los comedores de las universidades o en cualquier otro establecimiento público. No pedimos que los prohíban, pero no entendemos por qué quiere prescindir del derecho a estar informada y a contar con un instrumento como es la autorización previa”, ha subrayado Landaluce.

Las cifras aportadas por Cejuego, que según sus portavoces proceden de datos del Ministerio de Hacienda, el aporte económico del sector representa el 2,54% del PIB de la Comunitat y crea 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos, relacionados principalmente con el sector de la hostelería, del que se consideran “un complemento muy importante”. Además, el sector privado aportó en impuestos en 2017 137 millones de euros, mientras que el juego público no llegó a los 14 millones de euros, tal y como recoge el Informe del Juego de la Comunitat Valenciana. Son las cifras por las que consideran que su actividad realiza una importante contribución económica a la sociedad y que incluso repercuten en la oferta turística.

 

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