Ha estimado el recurso de los senadores del Grupo Popular

El TC permite a estudiantes de centros privados practicar en la sanidad pública

Los alumnos que cursen Ciencias de la Salud en centros privados podrán hacer prácticas en hospitales públicos

| E3

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y, en consecuencia, ha declarado inconstitucionales y nulos los términos “de titularidad pública” contenidos en el apartado 65 del artículo único de la Ley de Les Corts de Sanidad, por el que se priorizaba a los alumnos procedentes de universidades públicas para realizar prácticas en hospitales públicos, y excluía a los procedentes de universidades privadas.

La sentencia considera que dicho precepto “incurre en contravención con las competencias exclusivas del Estado en materias de educación y de bases de la sanidad reconocidas en el art. 149.1 apartados 30 y 16 CE, por este orden”.

Dicho precepto dispone de modo expreso el deber de la Conselleria de Sanidad de colaborar con “las universidades de titularidad pública”, a través del establecimiento de acuerdos entre las universidades y los centros de estudio de las instituciones sanitarias para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones que así lo requieran. Además, “priorizará las impartidas en centros de titularidad pública”, en referencia a los centros de formación profesional (no universitarios) que, igualmente, impartan docencia sobre Ciencias de la Salud.

La sentencia, redactada por el Magistrado Antonio Narváez, explica que “la normativa estatal se refiere de modo genérico a las universidades, sin distinción alguna entre unas universidades y otras”. En cambio, “la norma legal valenciana únicamente impone este deber de colaboración del Ejecutivo de la Comunidad respecto de las universidades de titularidad pública, sin mencionar de modo expreso a las privadas”.

En consecuencia, “existe una contradicción entre la normativa básica estatal y el precepto legal autonómico impugnado, ya que aquella no sólo no hace distinción entre unas y otras universidades, sino que en la propia regulación complementaria del régimen de concertación alude de modo expreso a las universidades privadas para establecer los vínculos de relación entre aquellas y las instituciones sanitarias integradas en el Sistema Nacional de Salud, a través de la figura del convenio”, subraya el Tribunal.

La sentencia concluye afirmando que esta contradicción resulta de todo punto “insalvable por cuanto la normativa estatal básica concede una relevante y transcendente importancia a que la formación de los profesionales en las Ciencias de la Salud dispongan de toda la estructura sanitaria pública para la realización de sus prácticas clínicas, siendo estas imprescindibles, además, para completar su período de formación y la obtención de sus títulos académicos”.

 

Suscríbete a nuestra newsletter