El Gobierno estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, ha asegurado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según la ministra, el decreto ley que extinguía la concesión contemplaba esta posibilidad en caso de «vicios o defectos de ejecución» en los 10 años siguientes a la entrada en vigor del decreto.

Ribera ha añadido que la cuestión está siendo analizada por el servicio jurídico del Estado, si bien ha reconocido que «deshacer 20 años de historia de este proyecto no es tan sencillo, cuando hay tantos actores y niveles de intervención jurídica a lo largo del tiempo».

La ministra ha añadido que se procederá a la clausura definitiva y que «por razones de seguridad se deberá proceder a las obras que permitan un taponamiento definitivo. A partir de ahí hay muchas cosas que quedan abiertas respecto el pasado y el futuro».

Teresa Ribera reconoce que desmantelar las instalaciones submarinas y superficiales va a ser «un proceso complejo. Habrá que ver de qué manera se pueden secuenciar en diferentes fases. Lo que tenemos claro en este momento es que se debe acometer cuanto antes este taponamiento definitivo».

En cuanto a las reclamaciones judiciales de los bancos que financiaron el proyecto, la ministra ha augurado que serán los tribunales los que decidan.

Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años.

El decreto por el que se extinguió la concesión de Castor indemnizaba a Escal UGS, la empresa propietaria participada en un 60% por ACS, de Florentino Pérez. El decreto también preveía que el Estado pudiera exigir responsabilidades a la concesionaria por vicios o defectos en la ejecución.

Como se recordará, la plataforma Castor hubo de cerrarse ya que la perforación del fondo marino ocasionó continuos movimientos sísmicos, principalmente en la costa de Castellón y también, en menor medida, en la de Tarragona. EFECOM