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Cinco concejales de Movilidad se han reunido hoy en València

Las grandes ciudades piden financiación estatal para el transporte urbano

Joan Ribó: "Necesitamos una norma que respalde la movilidad pública en las áreas metropolitanas en función de su número de habitantes"

El alcalde de Valéncia, Joan Ribó (c) junto a los concejales de Movilidad de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, y València. | EFE / Juan Carlos Cárdenas

“Necesitamos una ley que apoye al transporte urbano e interurbano de manera objetiva: una norma que respalde la movilidad pública en las áreas metropolitanas en función de su número de habitantes”. El alcalde de València, Joan Ribó, ha subrayado hoy su apoyo a la iniciativa impulsada junto a  Madrid, Barcelona, Zaragoza y A Coruña para el desarrollo de la movilidad en los entornos metropolitanos. Los responsables de movilidad de los cinco municipios se han reunido hoy en València, donde han presentado las directrices del anteproyecto de ley que pretenden que sea aprobado por el Congreso de los Diputados.

La propuesta consiste en la creación de un fondo estatal que financie adecuadamente a los municipios de más de 50.000 habitantes siguiendo criterios objetivos como el número de viajes, el total de kilómetros recorridos, la cobertura y la eficiencia. Tal como ha recordado Ribó, València y su área metropolitana suman un millón y medio de habitantes, lo que la convierte en la tercera área, y debería recibir las ayudas estatales en función de ello.

Es una ley objetiva –ha añadido el alcalde- e imprescindible para desarrollar la movilidad sostenible en toda nuestra área metropolitana y para hacer frente a los acuerdos para prevenir el cambio climático”.  La propuesta cuenta también con el apoyo de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) que aglutina a más de 80 entidades.

El anteproyecto de ley servirá para regular el régimen de financiación del servicio público de transporte colectivo urbano en el marco de las competencias atribuidas por la Constitución y las leyes a las diferentes Administraciones públicas. Prevé además la creación de una comisión gestora para realizar la propuesta de liquidación con base en los criterios fijados para las subvenciones. Tal como han explicado los responsables de movilidad de las ciudades impulsoras, el Fondo deberá dotarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado “por un monto no inferior al 0,25 del PIB del año anterior” (equivalente este año a 2.500 millones de euros).

El fondo tendrá tres destinos principales: los transportes urbanos colectivos en municipios de más de 50.000 habitantes no agrupados en consorcios metropolitanos, los transportes urbanos y metropolitanos para los consorcios metropolitanos, y proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la mejoría de la movilidad en los municipios solicitantes.

Las entidades locales o los organismos metropolitanos que pretendan acceder a las subvenciones deberán integrarse en un grupo entre seis opciones posibles, en función del número total de habitantes de su núcleo urbano o metropolitano. Se tendrán en cuenta, además de la población total receptora del servicio, las variables del total de viajes realizados en el sistema, el total de kilómetros recorridos, la cobertura geográfica, y la eficiencia del gasto operativo.

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