El Ministerio de Función Pública y Política Territorial y los sindicatos del sector público firmaron ayer un acuerdo sobre estabilización del empleo público por el que se convocarán 2.431 plazas correspondientes al ejercicio 2018 en la Administración General del Estado (AGE). 

Estas plazas se aprobarán a través de un real decreto en un próximo Consejo de Ministros. Según el ministerio, con las plazas de 2017 y 2018 se habrá cumplido en la AGE el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8 %.

El ministerio ha recordado que en julio de 2018 ya se aprobó el real decreto con la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a 2017, con un total de 5.534 plazas, con lo que sumadas a las acordadas para 2018 harán un total de casi 8.000.

Al respecto, ha explicado en que existe el compromiso con los sindicatos de convocar conjuntamente las plazas correspondientes a la estabilización del empleo público de 2017 y 2018, convocatoria que se llevará a cabo en los próximos meses.

El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, destacó que el acuerdo es un paso más en la estabilización del empleo público en el marco del diálogo con los sindicatos «con el objetivo principal de que los empleados públicos puedan seguir prestando los servicios públicos con los niveles de excelencia que demanda la sociedad”.

Según informó la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en un comunicado, de las 2.431 plazas acordadas hoy, unas 2.041 plazas serán para estabilizar personal laboral, unas 270 serán de funcionarios y 120, de personal estatutario. Del total, la mayor parte (unas 1.500 plazas) irán destinadas a los Organismos Públicos de Investigación y otras 383 a Instituciones Penitenciarias.

Según CSIF, las plazas para personal investigador serán 1.449 con destino al CSIC, al Centro de Investigaciones Energéticas (Ciemat), al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA), al Instituto de Salud Carlos III, al Instituto de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero, así como a la Agencia Estatal de Investigación.

Para UGT ahora toca «aprobar medidas para que la precariedad en la Función Pública no vuelva subir a cotas vergonzosas y sin sentido”. CSIF, por su parte, ha pedido al Gobierno que agilice la convocatoria de estas plazas, al tiempo que ha recordado que todavía queda por definir la oferta correspondiente a 2019.