El presidente de la Airef se ha mostrado favorable a estructurar unas reglas fiscales más simples y marcos presupuestarios más creíbles a medio plazo, dado que el contexto político ha cambiado del bipartidismo a la fragmentación parlamentaria.

José Luis Escrivá

En este escenario, José Luis Escrivá ha reclamado un mayor protagonismo de las autoridades independientes en el diseño de un marco fiscal general a medio plazo, que deje al consenso político «todo el abanico» de posibilidades que esa trayectoria permite para el reparto de ingresos y gastos.

Presupuestos similares a los de 2018

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha declarado que en términos fiscales agregados los Presupuestos de 2019 son «muy parecidos» a los de ejercicios anteriores, ya que no atajan un déficit estructural instalado en el entorno del 2 % del PIB.

Reconoce que el reparto entre ingresos y gastos es diferente, pero el tono fiscal de las cuentas se mantiene neutral.

Escrivá  ha recordado que muchas de las novedades aprobadas ya estaban incluidas en el borrador presupuestario que se envió a Bruselas en octubre.

En aquel momento, la Airef consideró factible el escenario presupuestario diseñado por el Gobierno, si bien alertó de que algunos ingresos podrían estar sobrevalorados, como los procedentes de las nuevas figuras impositivas que gravarán las transacciones financieras y determinados servicios digitales.

La falta de compromiso en reducir la deuda reduce la credibilidad de las finanzas públicas y aumenta la prima de riesgo

A su juicio, la falta de un compromiso firme y realista de reducción de la deuda es lo que hace que la deuda pública española sea menos creíble y pague primas de riesgo superiores a las de otros países con niveles de endeudamiento similar como Francia o Bélgica.

En concreto, ha recordado que nadie se ha preocupado por cambiar el objetivo inalcanzable de reducir la deuda pública al 60% del PIB por otro más realista.

Por último, se ha mostrado partidario de propiciar ámbitos de gobierno compartido que garanticen la lealtad institucionales para compensar la elevada descentralización del gasto público existente en España.