Enagás reclama al Estado los costes de mantenimiento de Castor

El Ministerio para la Transición Ecológica no contempla los costes de mantenimiento de la instalación de gas hibernada y Europa exige responsabilidades al BCI por las negligencias en el proceso

Enagás ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador para conseguir cobrar los costes de mantenimiento del almacén de gas Castor, una instalación que se encuentra hibernada tras los terremotos que se registraron en la costa de Vinaròs (Castellón) en 2013.

Fuentes de la compañía han confirmado la presentación de esa reclamación de las cantidades que corresponden al mantenimiento y seguridad de la instalación, unos pagos que no percibe desde 2017, mes en el que el Tribunal Constitucional (TC) anuló varios puntos del real decreto ley que establecía la indemnización por la paralización del proyecto y en la que se incluían esos costes de mantenimiento.

Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica presentó una propuesta de orden de peajes para 2019 donde inicialmente figuraban los costes de operación y mantenimiento del almacén de gas subterráneo, finalmente no los haya incluido en la orden que publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado.

Por parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el informe que ha hecho sobre la propuesta, y que se ha conocido recientemente, señala que hay “dudas razonables” en cuanto a la suficiencia del rango de la disposición incluida en la orden para acoger el abono a Enagás Transporte de los costes de mantenimiento de Castor, una vez anulada por el TC la base legal del reconocimiento de los costes.


Enagás no recibe pagos por el mantenimiento de Castor desde 2017 por orden del Tribunal Supremo


Los costes de mantenimiento de Castor ascendieron en los años 2014 y 2015 alrededor de 15 millones de euros, debido a que fue en esa fase cuando se llevó a cabo el proceso de hibernación, para pasar en años posteriores a un coste de entre 8 y 9 millones anuales.

La reclamación de Enagás y su descontento por el cambio de estrategia del Gobierno se suma a la que ya presentaron los tres bancos involucrados en la operación, Santander, Bankia y Caixabank, a los que Enagás transfirió los derechos de cobro de la deuda por la que abonó a Escal UGS, promotora del proyecto participada por ACS, 1.350,7 millones de euros por la extinción de la concesión. Las tres entidades también dejaron de percibir las cantidades correspondientes con cargo al sistema gasista a partir de la sentencia del TC.

Europa exige responsabilidades

La defensora europea del pueblo, Emily O’Reilly, ha calificado de mala administración la actuación del Banco Europeo de Inversión por tardar más de cuatro años en responder la petición de una plataforma ciudadana para que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dejara de financiar el almacén de gas Castor, frente a la costa de Vinaròs.

En un comunicado de prensa, el Síndic de Greuges de Cataluña, que empezó la actuación, ha explicado que a raíz de unos informes del MIT, la plataforma ciudadana pidió al BEI que dejara de financiar el proyecto, una petición que no fue respondida durante más de cuatro años “por discrepancias entre los equipos técnicos internos y también con terceras partes contratadas”.

Según el comunicado, O’Reilly ha considerado “inadmisible” esta justificación y ha recomendado al BEI que busque “formas conciliadoras” para llegar a acuerdos cuando se produzcan situaciones que frenen las investigaciones internas.

El Síndic, que considera que la afectación del almacén ha sido “incuestionable” para los habitantes de la zona, ha recordado que sigue pendiente de una auditoria técnica que determine el grado de responsabilidad de Escal, la empresa propietaria del proyecto, en los sismos y ha considerado que se debe estudiar el posible desmantelamiento de la plataforma.

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