Frente al déficit de camas en residencias existente en la Comunitat Valenciana, la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas afirma que incrementarán el número de plazas en centros residenciales. «Cuando acabe la legislatura habrá 6.923 nuevas plazas en residencias«, apuntan desde la conselleria.

Hasta la fecha, según datos de la Generalitat, se ha incrementado un 33% el número de plazas públicas y concertadas con 4.240 nuevas desde el comienzo del gobierno del Botànic. Quedarían 2.683 plazas para cumplir con la promesa realizada desde la conselleria de Igualdad, quienes apuntan que «ya no basta con llenar residencias, ahora se pide calidad«, es por ello que han tenido en cuenta criterios para adjudicar las plazas «pensando en lo mejor para las personas mayores«.

Actualmente la Comunitat Valenciana cuenta con 17.069 plazas en residencias públicas y conciertos con entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas. La mayor parte, 4.607, corresponden a plazas con cargo a la Prestación Vinculada al Servicio (PVS), que es la ayuda que le corresponde al usuario para que elija centro.

Sin embargo, como exponen desde la conselleria de Igualdad, las estimaciones sobre el déficit de plazas residenciales «no responde a la realidad, ya que la mayoría de la gente cuando cumple los 65 años sigue viviendo en su casa y no es hasta los 85 cuando se plantea su ingreso en residencias«. Señalan que por ello impulsan otras fórmulas que «benefician la autonomía personal como el sistema de ayuda a domicilio o figuras como el asistente personal«.

El presupuesto de la conselleria para 2019 es de 1.528 millones de euros, un 27,9% más que el presupuesto de 2018, y un 83% más del que había en 2015. El objetivo, aseguran, es ofrecer una «vida digna en la que se atiendan las necesidades de las personas mayores«, añaden que el recurso residencial ha de ser una opción más y no la única, «ni un elemento de especulación y pelotazo a costa de las políticas de bienestar«.

Inversión en el sector residencial

En este sentido, apuntan que la inversión privada en la construcción de nuevos centros residenciales se paralizó hace 10 años en la Comunitat porque el antiguo gobierno puso en marcha el llamado modelo Blasco-Cotino que limitó el negocio a pocos grupos empresariales cercanos al PP,  el cual fue declarado ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

«Desde que el Consell del Botànic está trabajando en la ordenación del sector bajo los criterios de equidad e igualdad de oportunidades, el interés por construir en la Comunitat Valenciana por parte de empresas privadas se está retomando«, exponen desde la conselleria de Igualdad.

Desde la conselleria señalan que en estos 3 años se han concertado tanto plazas públicas, a través de ayuntamientos, como privadas, a través del concierto social con entidades del tercer sector; y del contrato con empresas privadas. Según especifican, estos nuevos contratos han permitido ampliar el número de empresas adjudicatarias de plazas de 9 a 45, lo que «hace abandonar una situación anterior en la que las empresas tenían difícil acceder al mercado valenciano«, explican.

Junto a las medidas anteriores, la conselleria está en fase de elaboración de un acuerdo marco que permitirá a las personas usuarias solicitar una plaza en cualquier centro privado de la Comunitat Valenciana, que cuente con la certificación de la Generalitat.

En cuanto a la inversión que ha hecho en esta legislatura la Generalitat para la construcción de nuevos centros de titularidad pública, exponen que «ha sido reducida» ya que la infrafinanciación por parte del Gobierno central «hace que se haya priorizado el rescate de las personas poniendo al día el sistema de dependencia o creando una nueva renta valenciana de inclusión, sobre la construcción de nuevas infraestructuras«.

Pese a ello, exponen que en los presupuestos de 2019 hay una partida para la construcción de un centro en Sant Mateu y una línea presupuestaria para la construcción y reforma de residencias.

Contratación de profesionales

Respecto a la contratación de profesionales para atender la creciente demanda de servicios sociales, la conselleria de Igualdad destaca que el nuevo modelo impulsado por la Generalitat ha multiplicado por cuatro la inversión destinada a los ayuntamientos para la contratación de personal.

Así, mientras que en 2015 el dinero que la Conselleria destinó a mejorar las plantillas de los servicios sociales municipales fue de 9,6 millones, en el presupuesto de 2018 la cifra asciende a los 41 millones.

Según exponen desde la conselleria, esto ha permitido cuadriplicar el número de profesionales y que la ratio de atención al ciudadano se reduzca de un profesional cada 13.000 habitantes a principio de legislatura a la de uno por 2.781 en el actual ejercicio.

La composición de estos equipos profesionales va a quedar fijada, según la Generalitat, por primera vez por ley. Se refieren a la aprobación prevista para este próximo 2019 de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la cual sigue actualmente el trámite parlamentario.

Nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que la nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana «da cuerpo normativo a la cuarta pata del Estado del Bienestar y transforma las prácticas asistencialistas y caritativas de épocas pasadas, en una concepción moderna de derechos subjetivos y de alcance universal«.

Oltra ha destacado que la ley «reconoce y garantiza» el acceso al sistema público valenciano de servicios sociales a todas las personas con residencia efectiva en territorio valenciano que lo requieran, algo que, según la vicepresidenta «nos convierte en la primera comunidad autónoma que por ley declara los servicios sociales universales, de interés general y esenciales«.

Respecto a los recursos económicos, la ley dispondrá de ellos a través de una triple vía. Por un lado con el incremento y consolidación del presupuesto destinado a las políticas sociales que, desde el año 2015, ha ido incrementándose hasta alcanzar un 81,23% respecto a la cantidad destinada hace tres años. Para 2019 está previsto un presupuesto de 1.500 millones de euros.

Asimismo, como exponen desde la conselleria, se fijará a los créditos la consideración de ampliables, y se delimita las formas de colaboración entre las diferentes entidades locales de la Comunitat Valenciana y la Generalitat para garantizar la financiación y sostenibilidad económica del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.