El aumento de la esperanza de vida y el progresivo envejecimiento de la población suponen un reto para los países occidentales, pero también una oportunidad para las empresas que deciden invertir en el sector residencial. Según un reciente informe publicado por la consultora CBRE, las residencias de ancianos han atraído más de 2.000 millones de euros de inversión en operaciones inmobiliarias entre 2015 y 2017 en España.

Sin embargo, como explica José María Toro, presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), no se ha producido este incremento inversor en nuestro territorio. «La Comunitat Valenciana no es atractiva para la inversión en el sector residencial«, expone Toro, quien añade que «en los últimos 10 años no se ha construido prácticamente ninguna residencia nueva«. Este hecho, según el presidente de Aerte, agravará el déficit de plazas existente en nuestra comunidad.

El informe de CBRE apunta que el incremento de la inversión en el sector residencial se debe a la falta de plazas existentes en el mercado español, que, con 4,3 camas por cada 100 personas mayores de 65 años, se encuentra por debajo del ratio de 5 camas recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la Comunitat Valenciana, este ratio se sitúa en 2,91 camas, es decir, 1,39 plazas por debajo de la media nacional y 2,09 de la recomendada por la OMS.

«Hay un elevado déficit de plazas en la Comunitat, sin embargo no hay noticias de que se vayan a poner en marcha muchos proyectos nuevos«, expone Toro. Según las estimaciones del presidente de Aerte, harían falta unas 12.800 plazas para situarse en la media estatal, lo que significaría la construcción de 120 nuevos centros en la Comunitat.

En España, según datos de CBRE, el déficit es de 100.000 camas, 0,3 puntos por debajo de la media europea. Además, la consultora estima que la necesidad de este tipo de servicios se dispare hasta 200.000 camas adicionales en 2030 y 400.000 en 2050 para cumplir con las recomendaciones de la OMS.

Las prestaciones para cuidados familiares y la apuesta por lo público frenan la inversión

Son dos los motivos que, según el presidente de Aerte, desincentivan la inversión en el sector residencial en la Comunitat Valenciana. Por un lado está el elevado número de prestaciones económicas concedidas al cuidado familiar y por otro, la apuesta de la Generalitat por los servicios de titularidad pública.

Como explica José María Toro, a la hora de resolver una situación de dependencia, la administración puede optar por ofrecer un servicio profesionalizado o, en caso excepcional como dice la Ley de la Dependencia del 2006, por ofrecer ayudas para que un familiar se hiciera cargo de la atención de esa persona. «Esa excepcionalidad, en una Comunitat como la nuestra se ha llevado a la normalidad«, expresa Toro quien señala que «somos la segunda comunidad de España que más prestaciones a los familiares damos«.

Según datos del Ministerio de Sanidad a 30 de noviembre de 2018, la Comunitat Valenciana presta ayuda a 72.807 personas dependientes, de las cuales, 41.253 reciben prestaciones económicas para cuidados familiares. Es decir, un 54,39% de las ayudas otorgadas por la Generalitat se destinan a que sea un familiar el que cuide de la persona dependiente. «Si el volumen de prestaciones para cuidados familiares es muy elevado se convierte en un elemento que desincentiva la inversión«, apunta Toro.

El otro factor es la preferencia de la administración por el servicio público y por las entidades sin ánimo de lucro. «Si las empresas ven que ellos son los terceros en preferencia por parte de la administración, también genera un desincentivo«, expone el presidente de Aerte. Señala, a su vez, que «la administración tiene que trabajar con las entidades públicas o privadas que trabajen bien. La preferencia tiene que estar en la calidad del servicio«.

La inversión en el sector residencial podría generar 6.000 puestos de trabajo

Para hacer frente al reto del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, el presidente de Aerte apunta que serán necesarias más plazas en centros residenciales y más profesionales dedicados al sector de servicios sociales. Advierte que el nivel de ayudas para cuidados familiares aumentará dada «la incapacidad para dar una respuesta adecuada al nuevo reto que se nos plantea«.

«Acabaremos provocando en la gente frustración por no poder ser atendida y eso generará un cierto colapso social ya que muchas personas tendrán que quedarse en casa cuidando de sus familiares«, señala Toro, quien añade que «estamos perdiendo una oportunidad para generar mayor impacto económico y garantizar que las personas estén bien atendidas«.

En este sentido, el presidente de Aerte señala que las 12.800 plazas necesarias en la Comunitat podrían generar 6.000 nuevos puestos de trabajo, ya que según señala el ratio de trabajo es de un nuevo puesto de trabajo por cada dos nuevas plazas residenciales. Además destaca que se generaría mucho empleo femenino, «el 85% de los trabajadores del sector residencial son mujeres, en todas las escalas profesionales«, expone Toro.

Realiza, a su vez, una comparativa con las cifras de creación de empleo en el sector en otras autonomías y apunta a que en comunidades como Castilla y León se generan 50 nuevos empleos por cada millón de euros invertidos en el sector residencial. En la Comunitat Valenciana, según cifras del Observatorio de la Dependencia, se crean 24,9 empleos por cada millón.

Esta diferencia, según José María Toro, se debe a la apuesta de la Generalitat por las prestaciones a familiares. «Comunidades con menor grado de cuidadores familiares, generan más empleo«, señala el presidente de Aerte.

Por último señala que «si no hacemos un esfuerzo por hacer que invertir en la Comunitat Valenciana resulte atractivo, la administración va a tener un problema a la hora de dar respuesta a las necesidades que tienen las personas en situación de dependencia«, concluye Toro.