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Fomento abrirá nuevos accesos en Vinaròs y Oliva ante una AP-7 gratuita

Preven que la AP-7 será libre y gratuita el 1 de enero de 2020

En la imagen, Carlos Domingo, María José Salvador y Javier Izquierdo | E3

María José Salvador, consellera de Vivienda,  y Javier Izquierdo, secretario de Obras Públicas del Ministerio de Fomento han anunciado la licitación de dos nuevos accesos desde la autopista AP-7, al norte de la localidad de Vinaròs  y al sur de Oliva, durante una reunión que han mantenido en la Conselleria de Vivienda. Antes de avanzar estas dos licitaciones, Izquierdo ha confirmado que “tenemos la certeza de que la AP-7 será libre de peajes el 1 de enero de 2020 cuando venza la concesión el 31 de diciembre de 2019”.

Izquierdo ha corroborado “que esta es la línea política que este gobierno va a mantener. Todas aquellas concesiones que venzan en el territorio español no van a ser prorrogadas, ni licitadas. Lo que nos abre un escenario de trabajo no habitual hasta ahora”.

El representante del Ministerio de Fomento calificado la reunión mantenida como “muy fructífera y muy positiva en la que compartimos muchos de los planteamientos“. La Conselleria de Vivienda hizo llegar un documento de propuestas con las alternativas que ellos consideran razonables para el territorio y “hay una sintonía razonable en cuanto a las soluciones planteadas”, ha matizado.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos ya anunció en Castellón el jueves que se van a licitar los accesos a Vinaròs en 2019 con una inversión en torno a los 15 millones de euros, “que permitirán un mejor acceso a la localidad castellonense”  ha aclarado Izquierdo, quien ha anunciado que también  se licitará el acceso sur a Oliva el año que viene, “un proyecto que ya conoce el Ayuntamiento de Oliva y que se ha retocado para que no contemple un playa de peajes y sea un acceso y facilite el tránsito libre al sur de Oliva”.

Durante la reunión mantenida entre Salvador e Izquierdo también se ha hablado de resolver todas las conexiones de La Safor -en el entorno de las localidades de Gandia hasta Oliva-, “uno de los puntos prioritarios de trabajo de esta comisión técnica que va a ponerse en marcha para abordar todas las soluciones”.

Izquierdo ha adelantado también que la conservación de la AP-7 cuando deje de ser una carretera de peaje será asumida por el Ministerio de Fomento. De hecho,  “ya se están redactando los pliegos para abordar la licitación de esa conservación que ascenderá a 12 millones de euros en la Comunitat Valenciana”. Dicha licitación se llevará a cabo en breve para que quede garantizado su mantenimiento en enero de 2020.

Otra cuestión que se ha abordado en dicho encuentro ha sido la V-21, “un proyecto que en la Comunitat suscita debate y que estamos tratando de buscar la mejor de las soluciones que concilie todos los objetivos”, ha aclarado Izquierdo. “Estamos tratando de recoger el sentir tanto de la Generalitat como de los ayuntamientos afectados para, y a petición de la Generalitat, mejorar el transporte público y que la solución que abordemos contemple un carril Bus VAO (Vehículos de alta ocupación) y así será. Estamos contemplando que la ampliación con ese tercer carril que se separará del resto de la autopista con señales luminosas para permitir una mayor flexibilidad de uso de la infraestructura”, ha destacado.

En concreto, ha precisado Izquierdo, “se mantendrán los tres carriles que contempla el proyecto pero vamos a minimizar el impacto en la huerta reduciendo la zona de expropiaciones y para ello si la Ley de Carreteras nos exige expropiar ocho metros desde la arista de explanación de la infraestructura, lo que haremos en esos ocho metros será incorporar los caminos de acceso a las huertas. De esta manera estaremos reduciendo las expropiaciones en un tercio de la superficie del conjunto de esta actuación”.

“Entendemos, -ha continuado Izquierdo- que los tres carriles son necesarios por seguridad, para garantizar las necesidades de transporte que nos está proponiendo la Generalitat  e intentar ser lo más sensibles a las demandas de conservación y preservación de L’Horta reduciendo esa afección en un tercio de lo que estaba inicialmente previsto”.

Por otra parte, la consellera María José Salvador ha destacado “la sensibilidad del Gobierno de Sanchez y del ministro Ábalos con esta comunidad autónoma y esto se ha demostrado también con los hechos. Estamos satisfechos con esta reunión donde se establece un calendario de trabajo a medio y largo plazo y un calendario a corto plazo”.

Izquierdo ha hecho hincapié también en que cuando han llegado al Gobierno se encontraron con un deterioro significativo de la red de carreteras, “fruto de muchos años de desinversión”. Por ello, en los Presupuestos Generales del Estado, “la partida destinada a la conservación de carreteras estará por encima de la de nueva construcción”, ha matizado.

También ha explicado el interés por parte de su Ministerio de abrir el debate sobre cuál es el modelo que tiene que tener la red de Carreteras del Estado. “Hemos propuesto que este debate se mantenga en el Congreso de los Diputados. Por ello, el Partido Socialista ha impulsado una subcomisión de estudio para la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado. Entendemos que tiene que haber una solución consensuada políticamente y la solución que se tome tiene que ser homogénea para el conjunto del país”, ha aclarado.

 

 

 

180 millones para demoler los gemelos de Benidorm

En este momentos, tal y como ha explicado la consellera de Vivienda, María José Salvador,  la Generalitat está elaborando un informe los gemelos de Benidorm. “Tenemos una sentencia del Tribunal Supremo y que tenemos que cumplir. Esta es una más de la nefasta gestión del anterior gobierno del Partido Popular. Los gemelos de Benidorm se van a convertir en el paradigma del mal urbanismo y de lo malos gestores que fueron nuestros antecesores en el cargo”, ha recalcado.

En total, la demolición y la indemnización de las personas que compraron las viviendas en los gemelos de Benidorm supondrá un gasto de 180 millones de euros.

“Estamos redactando el proyecto de demolición teniendo en cuenta el impacto ambiental que puede haber en la zona como es la Serra Gelada, que está detrás de esos edificios  y el mar, donde hay un banco de posidonias y que habrá que incorporar a esos informes para hacer la demolición en las mejores condiciones posibles y hacer esa previsión presupuestaria para el presupuesto de 2019”, ha relatado Salvador. Para llevar a cabo este estudio, la Conselleria tiene un plazo de tres meses tal y como les ha indicado el juzgado.

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