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Se ha aceptado entre el 70 y el 85% de las alegaciones sindicales

Justicia y sindicatos consensúan la futura ley de Función Pública Valenciana

La norma obliga a que las pruebas de acceso deberán acabar, como máximo, un año después de la convocatoria de las oposiciones

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La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en una imagen de archivo. | GVA

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presidido la reunión de la Mesa General de la Función Pública Valenciana, en la que se ha cerrado el trámite de negociación con los sindicatos para la aprobación de la nueva ley que regulará las relaciones laborales de la Generalitat con su plantilla. Bravo ha mostrado su satisfacción porque la ley ha sido “muy consensuada” al aceptar entre el 70% y el 85% de las alegaciones presentadas por las organizaciones sindicales.

Con la reunión de este miércoles, el anteproyecto de la Ley de la Función Pública Valenciana supera otro trámite desde que se inició su elaboración para solventar los problemas detectados en la Administración de la Generalitat por una comisión de expertos constituida, en marzo de 2016, a instancias de la consellera.

La norma, además, también contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el Libro violeta de la Función Pública Valenciana, elaborado por expertos en perspectiva de género. Además, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la última ley de Función Pública (2010) y las modificaciones realizadas en la legislación estatal, era conveniente crear un nuevo marco jurídico con rango de ley.

Para Bravo, esta ley “era uno de los objetivos prioritarios de la Conselleria” porque “la transformación de la Administración Pública valenciana pasa, necesariamente, por una nueva organización, por una nueva metodología, por una nueva forma de selección y una nueva manera de incentivar al personal”.

En este sentido, la consellera ha destacado que la norma apuesta por “la transparencia, la modernización, el talento y la regeneración”. Estos objetivos se conseguirán gracias, precisamente a cambiar el sistema de selección y “blindando que el 50% de las plazas que salgan sean por oposición libre”.  En este sentido, también se limitará al 20% el número de plazas que podrán ser ofertadas en promoción interna.

El texto prevé que el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) se convierta en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP). Este organismo tendrá rango de dirección general y será quien garantice la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat.

La EVAP, además, creará una comisión de selección (con tribunales permanentes) que será la encargada de diseñar las pruebas de acceso y velará para que se cumplan las condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

El anteproyecto de ley incluye una drástica reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a un total de 87.

La nueva norma obliga a la Generalitat a ofrecer mayor seguridad a los interesados en trabajar en ella. Por ese motivo, se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal. De esta manera, las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.

Grado de conocimiento del valenciano

El texto normativo también regula el grado de conocimiento del valenciano que tendrán que demostrar los candidatos a trabajar en la Administración de la Generalitat.

El anteproyecto contempla que esta materia sea desarrollada mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà) mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (equivalentes al Grau Elemental). Para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del nivel A2 (equivalente al Grau Oral).

Bravo ha recordado, no obstante, que la ley contempla la excepción “para el ámbito sanitario” y que “la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación”.

El anteproyecto de ley también incorpora una serie de medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas se establece que los Planes de Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat tendrán carácter vinculante y se garantizará que los miembros de los órganos de selección de personal tendrán formación en igualdad.

 

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