La CNMC será el organismo encargado de reclamar el reintegro

El Supremo obliga a devolver el coste de mantenimiento de Castor abonado indebidamente a Enagas

El Gobierno del PP indemnizó con 1.350,7 millones a ACS, la promotora del proyecto

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El proyecto de almacén de gas subterráneo Castor. | E3

El Gobierno deberá tomar las medidas necesarias para reintegrar al sistema gasista las sumas abonadas a Enagas en 2014 y 2015 por las tareas de mantenimiento del almacén de gas subterráneo Castor -situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y ahora hibernado-, que rondan los 18 millones de euros.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso interpuesto por la patronal catalana Cecot contra la orden ministerial que establecía los peajes de acceso a las instalaciones gasistas, según recoge una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La Cecot alegaba, entre otras cuestiones, que la orden recurrida se basaba en el Real Decreto-ley 13/2014, algunos de cuyos preceptos fueron declarados inconstitucionales en diciembre del año pasado.

Por el contrario, las partes demandadas -la Administración y Escal UGS, la sociedad participada por ACS que construyó el almacén- sostenían que la declaración de inconstitucionalidad de determinados apartados de la norma no implicaba que la orden ministerial fuera contraria a derecho.

En su sentencia, el Tribunal Supremo (TS) reconoce que el Constitucional no anuló la hibernación del almacén, la extinción del contrato de concesión a Escal UGS y la asignación a Enagás de la gestión de las instalaciones, pero sí el artículo que concreta la retribución por las tareas de mantenimiento.

Por ello, el Supremo anula lo establecido en la orden e insta a la Administración a “adoptar las medidas procedentes” para reintegrar las cantidades abonadas a Enagás.

La Cecot también ha impugnado las ordenes ministeriales correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y espera que el fallo del Supremo sea igualmente favorable, ha explicado la patronal en un comunicado.

En ese caso, según la Cecot, el Gobierno debería reintegrar al sistema gasista unos 200 millones de euros.

“Consideramos que el almacén Castor constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo en que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha”, ha recalcado Antoni Abad, presidente de la Cecot.

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad en el almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona. En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.

Por el momento, tras la sentencia del TS, que obliga a reintegrar al sistema gasista las sumas abonadas a Enagás entre 2014 y 2015, que rondan los 18 millones de euros, por esas tareas, corresponderá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de liquidar las actividades reguladas, pedir el reintegro de esa cantidad.

El Gobierno del PP suspendió en septiembre de 2013 la inyección de gas en Castor y en octubre de 2014 aceptó mediante un Real Decreto-Ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación, por lo que indemnizó con 1.350,7 millones a la promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, percibida a través de las liquidaciones de la CNMC hasta que se produjo la sentencia del TC.

Por otra parte, está pendiente de solucionar la situación en que se quedaron los bancos que adquirieron a Enagás el derecho de cobro de la indemnización a Escal-UGS y que dejaron de percibir esas cantidades tras la sentencia del TC, por lo que el pasado 6 de abril formularon al Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. EFE

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