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Unidos Podemos convoca una concentración frente al Supremo

El Supremo decide por 15 votos a 13 que el cliente pague el impuesto AJD

Facua ha acusado al sector financiero de difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el impuesto

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El Tribunal Supremo vuelve a corregir la sentencia dictada hace tres semanas y tras una deliberación que se ha prolongado dos días ha aclarado que quien pagará el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) será el cliente.

El pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre, de modo que será de nuevo el hipotecado el que asuma la tasa.

El Supremo ha acordado hoy que sea el cliente quien abone ese impuesto vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.

En tres sentencias divulgadas el pasado 18 de octubre, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista, y no el prestatario.

1,5 millones de afectados

La decisión del Tribunal Supremo deja de momento sin posibilidad de recuperar el importe abonado por este concepto a 1,5 millones de hipotecados.

Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito. El importe de las hipotecas concedidas desde julio de 2014 a julio de este año fue de unos 190.000 millones de euros, informa Efe.

El fallo le costó a los bancos la pérdida de 5.000 millones de euros de cotización bursátil en un solo día, y obligó al presidente de la sala, Luis Maria Diez Picazo, a convocar un pleno que comenzó ayer y que se ha prolongado durante más de 15 horas.

Piden la dimisión de Díez Picazo

La decisión del Supremo ha provocado un auténtico terremoto político y social. El Gobierno prevé fijar el próximo jueves su posición sobre la decisión, tras analizar con detenimiento esta resolución.

Cabe recordar que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, explicó el pasado 22 de octubre que la sentencia que atribuía a la banca el impuesto de las hipotecas era “firme y no susceptible de revisión, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio”.

Lesmes añadió que los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección “han actuado con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso”.

Las críticas lanzan incluso desde las asociaciones de jueces. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) cree que el Tribunal Supremo debe tener “razones poderosas” para “contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario” con su decisión sobre las hipotecas, y considera que el daño hecho a la Justicia es irreparable.

La asociación recuerda, no obstante, que los consumidores todavía pueden recurrir a la justicia europea.

La crítica se concentra en el presidente de la Sala Tercera del Supremo, de quien piden su dimisión por la “nefasta gestión del caso”.

Más prudente se ha mostrado la Asociación Profesional de la Magistratura que, a preguntas de Efe, ha preferido no pronunciarse hasta conocer con detalle los fundamentos jurídicos de la decisión.

Facua habla de aberración

Las asociaciones de consumidores se han apresurado a criticar el fallo, y Facua considera que la decisión del Tribunal Supremo es una “absoluta aberración” y denuncia que el alto tribunal le hace “un gran favor a los banqueros”.

“Se ha tomado una decisión que nos parece sencillamente política, impropia del poder judicial, una decisión que supone salvar a la banca de abonar miles de millones de euros. Además de lo aberrante que es rectificar una sentencia del propio Tribunal Supremo que era absolutamente clara, que no dejaba lugar a dudas y no tenía resquicios en cuanto a la posible interpretación”, ha destacado Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha acusado al Supremo de plegarse a los intereses y la “presión del lobby financiero e inmobiliario”.

Delgado ha insistido en que la actual legislación “da sobreprotección a las entidades financieras y no protege a las familias” y por eso cree que “es una estafa hipotecaria”.

La postura del Gobierno, el jueves

Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado ha manifestado que “hay que respetar” las resoluciones judiciales.

Críticas desde la política

Las críticas al “donde dije Diego” del Supremo no han tardado y, en esta ocasión, proceden de todo el espectro político. El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha calificado de “indignante” y “lamentable” la resolución del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y ha acusado a la banca de “chantajear” al Poder Judicial a través de su cuenta de Twitter.

 

Garzón califica la situación de “despropósito impropio de una democracia“. El coordinador de IU ha ido subiendo el tono hasta calificar a los bancos de “ladrones”, “enemigos de la democracia” y “responsables de saquear nuestras economías”.

“La justicia -ha concluído- tiene un precio”

Desde una posición política contraria, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, considera que la decisión del Tribunal Supremo de que sea el cliente quien pague el impuesto vinculado a la constitución de una hipoteca es “un grave error de consecuencias sociales imprevisibles”.

En la misma línea que Garzón se ha pronunciado Pablo Iglesias, quien ha apuntado que la independencia del TS está “en entredicho. Gana la banca y pierden los ciudadanos”. Ha llamado a la gran movilización cívica que ha propuesto Garzón “para defender los derechos de la mayoría frente a los privilegios de una minoría”.

Una resolución alineada con la banca

La resolución del Supremo se alinea con las declaraciones realizadas las últimas semanas por los máximos representantes de las entidades bancarias.

El propio presidente de la patronal, José Mª Roldán, advertía que si la banca pagaba a partir de ahora este impuesto, posiblemente se replantearía su oferta comercial, lo que se interpretó como un encarecimiento de las hipotecas.

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, no veía ninguna razón para aplicar esa retroactividad llegado el caso, al igual que su homólogo en BBVA, Carlos Torres, que insistía en que no tenía ningún sentido penalizar a quien ha cumplido la ley y aplicar un cambio a hechos pasados, la misma tesis defendida por el número dos en Banco Sabadell, Jaime Guardiola.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ahondaba en esta idea y consideraba que la banca “no entendería” un fallo retroactivo.

Desde Bankinter, su máxima ejecutiva, María Dolores Dancausa, calificaba de “insólita” la situación creada por la justicia.

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